Este lunes, la Iniciativa por el Derecho a Techo y Contra la Exclusión Social de Gasteiz compareció ante la Comisión de Políticas Sociales del Ayuntamiento para denunciar el deterioro de los recursos de atención a personas en situación de exclusión. Al mismo tiempo, más de 150 personas se concentraron frente al consistorio para exigir que se tomen medidas urgentes.
Durante la comparecencia, los representantes del movimiento repasaron una década de recortes y cierre de centros. Explicaron que en 2015 el Ayuntamiento reconocía la existencia de varios recursos que hoy, la mayoría ya no existen. “Desde entonces, casi han desaparecido todos estos recursos”, señalaron.
También recordaron acciones realizadas en años anteriores, como la acampada del 11 de mayo de 2019 frente al Ayuntamiento o las denuncias por desalojos forzosos, como el del aparcamiento de un antiguo instituto, donde dormían 15 personas. O como las más de 100 personas que ocuparon viviendas vacías en Olarizu ante la falta de atención. El Ayuntamiento respondió cortando el agua a esos bloques, en los que vivían menores y personas con problemas de salud, y acabó desalojando y derribando los edificios.
La pandemia visibilizó la situación, pero no la resolvió. Según relataron, el colegio Pío Baroja y el frontón de Abetxuko se habilitaron como alojamiento de emergencia. “Decíamos entonces que no queríamos que la vuelta a la normalidad fuera volver a dormir en la calle”, dijeron. Sin embargo, años después, el problema persiste.
Actualmente, el propio Ayuntamiento reconoce que hay al menos 65 personas en lista de espera para acceder a un albergue, y que más de 100 no tienen dónde dormir. Según los colectivos, esa cifra podría alcanzar las 200. “Cuando decimos que hay una lista de espera para dormir caliente, no estamos pidiendo 800 viviendas sociales, estamos pidiendo que la gente no pase la noche al raso”, afirmaron.
Uno de los ejemplos que compartieron en la comparecencia refleja el día a día de esta situación: “Hoy mismo una persona ha dormido en la calle, en un soportal, y esta mañana la policía le ha dicho que tiene que irse porque afea el entorno”. A su juicio, este tipo de actuaciones muestra una falta total de respuestas. “No se le ha ofrecido ningún recurso”, denunciaron.
Criticaron también las medidas de emergencia actuales, como el sistema de rotación en los alojamientos de invierno. “A los tres días cambiamos de gente, como si la gente pobre a los tres días cogiera suficiente calor”, señalaron de forma irónica. Consideran que este sistema no garantiza una atención digna y que solo maquilla las cifras.
Además, cuestionaron la colaboración del Ayuntamiento con empresas privadas para la gestión de estos recursos. “Los dispositivos de atención están en manos de una empresa multiservicios, Grupo Cinco Acción y Gestión Social, que no tiene en cuenta las necesidades reales de las personas”, afirmaron. Una de las personas intervinientes explicó que fue despedida cuando se cerró uno de estos dispositivos tras reclamar mejoras laborales.
Desde la Iniciativa por el Derecho a Techo insistieron en que la situación actual no es consecuencia de la falta de medios, sino de la falta de voluntad. “Cuando hay voluntad política, las leyes se aprueban y se ponen en marcha desde el primer día”, afirmaron. Recordaron que el decreto de cartera de servicios sociales se aprobó en 2015 y aún no se ha desarrollado, mientras que otras leyes como la ley mordaza se implementaron de inmediato.
Para los colectivos sociales, el problema no se resuelve con discursos, sino con recursos suficientes. “No se trata de creatividad, se trata de derechos”, afirmaron. “Nos jugamos la cohesión social y la convivencia en la ciudad”.
