Dos familias que han residido en Vitoria-Gasteiz bajo un programa temporal de acogida se enfrentan a una situación límite. Rajaa y Mohamed, junto a sus hijos menores de edad, podrían quedar en la calle en cuestión de días, sin que hasta el momento hayan recibido una alternativa habitacional viable por parte de las instituciones, según han denunciado desde Auzoan Bizi este jueves por la tarde.
Fin del programa y desalojo inminente
La familia de Rajaa vive desde hace un año en la pensión La Bilbaína, dentro del programa de acogida gestionado por CEAR. Según explica su marido Aziz, tras ser excluidos del programa “y sin que se nos ofreciera ninguna alternativa habitacional, nos vimos obligadas a continuar residiendo en la habitación del hotel como única manera de no quedarnos en la calle”.
La situación ha empeorado. “Actualmente, La Bilbaína ha iniciado un procedimiento de desahucio, sin haber mostrado en ningún momento disposición a negociar una solución”. Aseguran que han propuesto un alquiler social o una compensación económica, pero “siempre hemos recibido negativas”.
Condiciones precarias y consecuencias en la salud
Aziz recuerda que La Bilbaína no era una pensión al uso, sino que tenía un contrato con CEAR para alojar a familias dentro del programa de acogida. “Las condiciones de habitabilidad del hotel han sido extremadamente precarias”, denuncia. “Durante más de un año, hemos vivido en un entorno deteriorado, con humedades, mobiliario en mal estado y deficiencias estructurales que han afectado directamente a nuestra salud, especialmente la de los menores, con la aparición de alergias y problemas respiratorios como el asma”.
Una solución fuera del alcance
La red Auzoan Bizi denuncia que, pese a la gravedad del caso y la presencia de menores, “el Ayuntamiento de Gasteiz no ha ofrecido ninguna solución”. La única propuesta institucional ha sido encontrar un piso en el mercado privado. “Hoy en día, el precio medio del alquiler en Gasteiz supera los 1.200 euros”, apuntan, lo que consideran inasumible para familias sin ingresos.
Además de los precios, existen barreras como la necesidad de seguros por impago, contratos indefinidos, avales o doble fianza. A esto se suma, dicen, la discriminación por motivos de origen o composición familiar. “Han sido descartadas en más de una ocasión del proceso de alquiler por ser migrantes o tener menores a cargo”.
Intervención policial sin previo aviso
La situación de la familia de Mohamed también es crítica. Su hijo Akreem relata que el pasado 18 de junio “la policía acudió a nuestra casa sin previo aviso y derribó la puerta”. Asegura que “no recibimos ninguna comunicación en ningún momento, lo cual es totalmente irregular y afecta directamente a la forma de afrontar este tipo de situaciones, negándonos así el derecho a defendernos jurídicamente”.
Una vez en la calle, el SMUS les ofreció cinco noches en un hostal con una única habitación para cuatro personas. Luego, solo se ofreció plaza a Akreem y a uno de sus padres. “Nos obligaban a elegir quién se quedaba en la calle”. Finalmente, se les ofrecieron cinco noches más, pero solo a él y a su madre.
Denuncia de racismo estructural
Desde Auzoan Bizi denuncian que se trata de un “sistema racista y clasista”. Alertan de que el acuerdo entre CEAR y la pensión La Bilbaína se ha roto y que todas las familias serán reubicadas en otros centros, excepto la de Rajaa. La pensión cerrará el lunes 30 de junio.
Señalan que esta situación “pone en riesgo el bienestar, la salud y el derecho a la educación de los menores”. Reclaman que “la vivienda deje de ser tratada como una mercancía” y exigen una respuesta institucional urgente.
