La posible clausura del estadio de Mendizorroza durante un mes ha generado una gran preocupación en el entorno del Deportivo Alavés. La propuesta de la Comisión Antiviolencia no solo implica una multa de 60.001 euros al club, sino también la pérdida del estadio durante cuatro semanas, una sanción que podría afectar a varios partidos importantes de liga.
El impacto deportivo y económico del cierre
El cierre del campo dejaría al equipo sin el respaldo de su afición en partidos clave. Si se confirma la sanción, el Alavés tendría que disputar varios encuentros a puerta cerrada, entre ellos el derbi frente a la Real Sociedad previsto para el 6 de diciembre. Además, se verían comprometidos otros partidos de liga en casa, justo en un momento de alta exigencia deportiva.
A nivel económico, el club dejaría de ingresar lo correspondiente a taquilla, venta de entradas y consumiciones. Para los abonados y socios, supondría un mes sin poder acceder a los partidos por los que ya han pagado, generando malestar y posibles peticiones de compensación. La pérdida del ambiente habitual en Mendizorroza también afectaría al rendimiento del equipo.
La postura del club
El Deportivo Alavés ha rechazado la sanción y ha anunciado que presentará alegaciones para evitar el cierre. En un comunicado oficial, el club ha explicado que los murales exteriores del estadio forman parte de su legado histórico y cultural. Según el texto, se trata de una forma de rendir homenaje a los colectivos que han acompañado al equipo a lo largo de más de un siglo de historia.
El club insiste en que la eliminación de los murales supondría borrar parte de su identidad y que su intención nunca ha sido fomentar la violencia. Por este motivo, ya ha retirado las referencias explícitas a Iraultza 1921, el grupo de animación al que hace alusión la Comisión Antiviolencia en su propuesta de sanción.
La reacción de la afición y de Iraultza 1921
Parte de la afición considera que la medida propuesta es un castigo colectivo injusto. El grupo Iraultza 1921 ha confirmado que ha borrado todas las referencias a su nombre en los murales del estadio como “un acto de responsabilidad para no perjudicar al alavesismo”. A pesar de ello, han defendido su papel en la historia del club y han advertido que su nombre volverá a lucir en el estadio.
El resto de la hinchada se ha mostrado preocupada por las consecuencias que tendría la sanción. Muchos abonados se sienten perjudicados por una situación que no han provocado, y se han solidarizado con el club en su defensa del patrimonio histórico.
La base legal de la sanción y los antecedentes
La Comisión Antiviolencia considera que el club ha promovido de forma indirecta a un grupo ultra, algo prohibido por la Ley contra la violencia en el deporte. Tras una primera propuesta de multa en octubre, que no fue atendida de forma satisfactoria, según las autoridades, la comisión propuso la clausura del estadio como medida más grave.
Aunque la propuesta no es definitiva, podría ejecutarse si las alegaciones del club no prosperan. En ese caso, el Alavés todavía tendría la posibilidad de recurrir ante instancias administrativas o judiciales. No existen precedentes recientes de un cierre de estadio por motivos similares, lo que añade un componente inédito a este proceso.
Un debate entre memoria y normativa
El caso ha abierto un debate sobre el equilibrio entre el respeto a la historia de los clubes y la aplicación de normativas que buscan erradicar la violencia en el fútbol. Para el Alavés y su afición, los murales representan una parte esencial de su identidad. Para Antiviolencia, mantener símbolos de un grupo ultra supone incumplir la legislación vigente.
En las próximas semanas se sabrá si se ejecuta finalmente el cierre de Mendizorroza o si las medidas adoptadas por el club y el grupo de animación son suficientes para evitarlo. Mientras tanto, la preocupación entre la afición sigue creciendo ante la posibilidad de que el equipo tenga que jugar sin su gente en las gradas.
