Las juntas administrativas de Margarita, Lermanda, Ariñez y Crispijana han alzado la voz para denunciar una situación que consideran insostenible. En un comunicado conjunto, acusan al Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de haberles dejado de lado y de fomentar una agresión ambiental “sin precedentes”.
Denuncian abandono institucional
Los cuatro concejos, integrados en el entorno rural de Júndiz, afirman que las instituciones han actuado con “falta absoluta de colaboración, respeto y protección”. Según aseguran, las decisiones se han tomado “desde despachos que poco han mirado hacia nuestro medio rural”, sin tener en cuenta las consecuencias directas para sus pueblos ni la participación de quienes viven allí.
Arrancan las obras de KonpostAraba sin licencia
Una de las principales preocupaciones señaladas en su denuncia es el inicio de las obras de la planta de tratamiento KonpostAraba. Subrayan que los trabajos han comenzado “sin la preceptiva licencia de obra”, y alertan de que se han ignorado “las alegaciones vecinales, los riesgos ambientales y la legislación” que exige evaluar el impacto acumulado con otras instalaciones ya existentes.
Mencionan de forma específica a la planta TMB/Biocompost, de la que aseguran que ya “genera molestias severas desde hace años”. Con la llegada de KonpostAraba y ahora la futura instalación de LEA-Lascaray, creen que la presión ambiental se dispara y ponen en duda que se esté cumpliendo la legislación vigente.
LEA-Lascaray, a solo 150 metros de los pueblos
A este escenario se suma el proyecto de reubicación de LEA-Lascaray. La planta de la empresa, destruida en un incendio el pasado mes de junio, será reconstruida en el sector 21 de Júndiz gracias a una operación de permuta liderada por la sociedad pública municipal Gilsa.
El acuerdo incluye la cesión de tres parcelas valoradas en algo más de 5 millones de euros, más una aportación adicional de 4,7 millones. A cambio, Gilsa obtendrá el 47 % de la antigua parcela industrial de Arriaga.
Los concejos denuncian que LEA se instalará “a apenas 150 metros de Margarita y Lermanda, afectando también a Ariñez y Crispijana”. Recuerdan que esta empresa ya fue objeto de quejas por malos olores en Vitoria-Gasteiz y temen que su llegada intensifique “aún más la presión ambiental sobre un entorno rural que ya se encuentra desbordado”.
Sin evaluación del impacto acumulado
Las juntas denuncian que “ninguna de estas administraciones ha valorado el impacto ambiental acumulado” de las distintas instalaciones presentes o previstas en la zona. Señalan que, además de KonpostAraba, TMB/Biocompost y LEA-Lascaray, ya existen otras industrias en Júndiz que generan tráfico pesado, emisiones y contaminación acústica y lumínica.
A su juicio, esta acumulación de factores degrada progresivamente el medio ambiente de sus pueblos y vulnera las obligaciones legales que exigen medir y evaluar de forma conjunta estos impactos.
Exigen paralización inmediata
Ante esta situación, los concejos de Margarita, Lermanda, Ariñez y Crispijana han formulado tres exigencias: suspensión inmediata de las obras de KonpostAraba y paralización de la reubicación de LEA-Lascaray, recuperar el respeto institucional a los concejos e implicarlos directamente en futuras decisiones y Garantizar una protección efectiva del entorno rural.
El comunicado finaliza con una advertencia: “No vamos a permitir que nuestros pueblos se destruyan en silencio, porque somos pueblos vivos y vamos a defendernos”.
