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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha rechazado este viernes una moción impulsada por la Asociación Ecologistak Araba, con apoyo de las juntas administrativas de Margarita, Ariñez, Crispijana y Gobeo, para iniciar la redacción de una ordenanza municipal específica sobre contaminación odorífera. La propuesta no ha superado la votación plenaria al contar únicamente con el respaldo de Elkarrekin y EH Bildu, frente a los votos en contra del PNV, el PSE-EE y el PP.
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La iniciativa buscaba dotar al consistorio de herramientas normativas concretas para prevenir, evaluar y corregir episodios de malos olores, especialmente en entornos cercanos a áreas industriales. Según los comparecientes, más de 200 personas residen actualmente en zonas afectadas por emisiones persistentes que dificultan el descanso, impiden abrir ventanas y generan estrés y malestar.
El texto sometido a votación instaba al Gobierno municipal a iniciar un proceso participativo en el plazo de seis meses para redactar una ordenanza específica, apoyada en parámetros técnicos como el índice de unidades odoríferas por metro cúbico. Entre las medidas planteadas figuraban la elaboración de un mapa de olores, límites diferenciados según usos del suelo, protocolos de atención a quejas ciudadanas, inspecciones en instalaciones emisoras y la publicación periódica de informes. También se proponía buscar apoyo técnico y financiero de Gobierno Vasco y Diputación.
Desde Elkarrekin, el concejal Óscar Fernández ha defendido que “la contaminación odorífera no es un tema baladí”, subrayando su impacto en salud pública y calidad ambiental. Ha recordado que ya existen precedentes de requerimientos municipales a empresas de Gamarra y Sansomendi para realizar estudios odoríferos. A su juicio, una ordenanza municipal permitiría dar seguridad jurídica a las actuaciones y avanzar hacia una industria más sostenible.
El posicionamiento del PNV ha sido más escéptico. El edil César Fernández de Landa ha sostenido que, “en términos generales, Vitoria no tiene un problema de olores” y ha cuestionado la eficacia de una regulación local, dada la complejidad técnica de medición y la subjetividad de la percepción olfativa. “Habría que estudiar los recursos humanos y económicos que supondría implantar una ordenanza de este tipo”, ha remarcado.
El Partido Popular ha justificado su voto en contra en la falta de un diagnóstico previo. “Primero hay que saber si existe el problema y dónde se localiza. No podemos empezar por la ordenanza sin saber si hay contaminación”, ha afirmado Alfredo Iturricha, que ha advertido también sobre los costes económicos de la medida.
Desde EH Bildu, Ekaitz Díaz de Garayo ha mostrado su apoyo a la moción argumentando que “hay zonas concretas donde los olores son persistentes y afectan directamente a la vida diaria de las personas residentes”. La formación ha defendido que una ordenanza sería comparable a otras ya existentes sobre ruido, y que permitiría actuar de forma más efectiva en entornos como Margarita, Crispijana o las cercanías de Biocompost.
Las comparecencias vecinales han puesto el acento en la falta de respuesta institucional ante las denuncias recibidas. “Nos llevamos quejando años, llamamos a la policía y no se contabilizan. Necesitamos límites, valores técnicos y respuestas efectivas”, han señalado.
A pesar de las negativas institucionales, desde la plataforma ecologista han advertido que intensificarán la recopilación de quejas ciudadanas para visibilizar el problema. “Hoy hay 210 personas viviendo un infierno odorífero. Si no lo queréis ver, es vuestro problema”, han concluido.
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Por desgracia el ayuntamiento de Gasteiz vuelve a demostrar la falta de sensibilidad para con los vecinos de las zonas afectadas, que además del problema odorífero, también sufren todo tipo de exceso contaminante, suciedad, ruidos y demás agresiones a su vida cotidiana.
No quiero valorar los argumentos de los grupos políticos que se han opuesto a la iniciativa de los vecinos, resulta «graciosamente insultante».
Un ayuntamiento como el de Gasteiz, que se supone que también vela por el bienestar de todos sus vecinos, incluidos los de las diferentes juntas administrativas de los núcleos rurales absorbidos, no puede gestionar dichas juntas y núcleos como si se tratase del centro de la capital. Eso no es lógico ni equitativo, eso pasa a ser «discriminatorio».
Y por desgracia y entrando en su juego, a la hora de valorar el problema, sólo son 210 «ciudadanos» , un grupo reducido de posibles votantes……. Calderilla electoral..,…