En mayo de 2021, el Gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz nombró directora del Departamento de Territorio y Acción por el Clima —con competencias en Urbanismo— a una profesional que había ejercido durante 20 años como gerenta de Zadure S.A., promotora inmobiliaria con intereses urbanísticos activos en la ciudad. Su nombramiento generó controversia política e informes internos sobre posibles conflictos de interés, dado que la empresa estaba involucrada en sectores de expansión urbanística dependientes de decisiones municipales. Cuatro meses después, la directora dimitió del cargo alegando “motivos personales”.
Este episodio ha vuelto a la actualidad municipal tras la comisión de Hacienda celebrada esta mañana, donde EH Bildu ha recordado públicamente el vínculo entre la exdirectora y Zadure, señalando que esa empresa mantuvo sin ejecutar durante más de dos décadas un aval municipal de 1.825.812,27 euros relacionado con la construcción de 18 viviendas de protección oficial.
Una trayectoria profesional con intereses urbanísticos en la ciudad
La persona nombrada en 2021 como directora del área fue responsable, desde 2001 hasta abril de 2021, de la gestión de Zadure S.A., una promotora inmobiliaria con presencia en sectores como Salburua o Zabalgana. Su currículum oficial recogía experiencia en trámites urbanísticos, licencias, calificaciones, proyectos de edificación y coordinación de promociones desde fase inicial hasta postventa. Su nombramiento fue anunciado por el propio Ayuntamiento como parte de una reorganización del área de Urbanismo.
Tras conocerse su procedencia profesional, el caso generó diferentes reacciones. Informes internos del propio Ayuntamiento limitaron sus funciones durante dos años por riesgo de conflicto de intereses. El 13 de septiembre de 2021 presentó su dimisión. Desde el Gobierno municipal se adujeron “motivos personales”, sin más explicaciones.
El caso Zadure reaparece en comisión: “se podría haber ejecutado hace años”
Durante la comisión de Hacienda de este jueves, EH Bildu ha señalado que el expediente urbanístico relacionado con Zadure “lleva más de 20 años sin resolverse” y ha preguntado por qué el Ayuntamiento no ejecutó antes un aval de 1,82 millones constituido en 2002 como garantía por la construcción de 18 VPO en Joaquín Collar–Aranzabela. “Construyó, vendió, cobró… y no pagó lo que debía al Ayuntamiento”, ha afirmado la concejala de la coalición, Aitziber Salazar, quien ha relacionado esta situación con la gestión política del urbanismo en la ciudad.
La concejala ha recordado que Zadure es “la empresa cuya gerenta fue nombrada directora de Urbanismo en 2021” y ha reiterado que entonces ya advirtieron del problema de imparcialidad.
“No hay deuda, se trata de una garantía”
El concejal de Hacienda, Jon Armentia, ha confirmado que el pasado 30 de diciembre la Junta de Gobierno Local acordó iniciar el procedimiento para reclamar el ingreso del aval, tras décadas sin ejecutarlo. Ha defendido que no se trata “técnicamente” de una deuda, sino de la ejecución de una garantía bancaria, y ha asegurado que el Ayuntamiento “no deja avales sin ejecutar”. Según ha detallado, si en el plazo de diez días desde la notificación la empresa no abona la cantidad, se procederá a la incautación del aval mediante requerimiento a la entidad avalista.
