El Departamento de Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha iniciado un expediente de reclamación económica contra la empresa Schindler por un importe cercano a los 500.000 euros, tras detectar un deterioro generalizado en rampas mecánicas, escaleras y ascensores de uso público durante el periodo en el que la empresa fue responsable de su mantenimiento.
La cuantía responde a las reparaciones y sustituciones que el Consistorio se ha visto obligado a asumir debido al incumplimiento de contrato por parte de la adjudicataria. Las deficiencias detectadas afectan a infraestructuras consideradas esenciales para garantizar la movilidad peatonal y la accesibilidad entre barrios.
Averías reiteradas y desgaste acelerado
Durante los años de vigencia del contrato, se produjeron fallos continuados, paradas prolongadas y una falta de mantenimiento preventivo en instalaciones clave para la movilidad urbana. En respuesta, el Ayuntamiento aplicó penalizaciones económicas a la empresa por valor superior a 47.000 euros, descontadas de las certificaciones mensuales. No obstante, una auditoría técnica externa encargada por el propio Consistorio ha evidenciado un daño estructural de mayor alcance.
La revisión ha detectado componentes en mal estado, desgaste anómalo en varios tramos mecánicos y un funcionamiento irregular de elementos clave para la circulación peatonal. Estas deficiencias habrían obligado al Ayuntamiento a ejecutar intervenciones no previstas en el contrato original.
Casi medio millón en costes no asumidos
El informe técnico cifra en 410.223 euros (sin IVA) el coste directo de las actuaciones necesarias para restituir el servicio. Al sumar el IVA correspondiente, el importe final se aproxima a los 500.000 euros que ahora se reclaman a la empresa.
La apertura del expediente supone el primer paso de un procedimiento administrativo en el que Schindler podrá presentar alegaciones. Una vez analizadas, se resolverá si procede formalizar la reclamación completa. Desde el área municipal se considera que los incumplimientos han tenido un impacto directo sobre el servicio prestado a la ciudadanía.
Reacción institucional ante un servicio esencial
La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha subrayado que “la empresa sabía desde el primer momento que esto no iba a salir gratis. Estamos hablando de un servicio público esencial y durante meses no ha funcionado como debía por una falta evidente de mantenimiento. Las consecuencias para la ciudadanía han sido muy graves”.
“Hoy las instalaciones están en mejor estado porque el Ayuntamiento ha intervenido y asumido unos costes que no le correspondían. Lo que se hace ahora es defender el interés público y exigir responsabilidades”, ha añadido.
