El Parlamento Europeo propone facilitar 10 millones de viviendas en la UE

El Parlamento Europeo propone medidas para facilitar 10 millones de viviendas en la UE con menos burocracia, inversión pública y regulación del alquiler turístico.

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La Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda del Parlamento Europeo ha aprobado este lunes 9 de febrero de 2026 un paquete de recomendaciones dirigidas a los Estados miembros para afrontar el déficit estructural de vivienda en la Unión Europea. El informe, respaldado por 23 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, se someterá a votación en el pleno de marzo y pretende servir de base política para reforzar el Plan Europeo de Vivienda Asequible, presentado por la Comisión en diciembre de 2025.

El documento no constituye una directiva ni impone metas vinculantes, pero marca como objetivo facilitar la construcción de alrededor de 10 millones de viviendas adicionales en toda la UE, a través de medidas como la simplificación administrativa, la movilización de fondos públicos y el refuerzo de la vivienda social.

El ponente del informe, el eurodiputado español Borja Giménez Larraz (PPE), ha subrayado que el texto “sitúa la oferta de vivienda en el centro de la respuesta”, y ha calificado el documento como “un consenso responsable” que prioriza soluciones estructurales frente a intervenciones de corto plazo como los controles de precios.

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Un déficit de casi 10 millones de hogares en la UE

Según cifras citadas en el propio informe, el parque residencial europeo acumula un déficit de 9,6 millones de hogares, agravado por años de construcción insuficiente y un «persistente desequilibrio» entre oferta y demanda. Desde 2010, los precios de compraventa han subido un 60,5% en promedio, y los alquileres un 28,8%. Más del 10% de la población urbana de la UE destina a vivienda más del 40% de sus ingresos mensuales, lo que Eurostat define como situación de sobrecarga financiera.

La crisis afecta de forma especial a jóvenes, familias y colectivos vulnerables, así como a profesionales esenciales en sectores como la sanidad, la educación o la seguridad pública. Países como España y Portugal se encuentran entre los más afectados por esta tendencia.

Tabla resumen: medidas principales del informe

Área de intervenciónMedidas propuestasObjetivo previsto
Simplificación administrativaPlazo máximo de 60 días para permisos de proyectos sostenibles; reducir trámitesAcelerar construcción y rehabilitación para aumentar la oferta
Inversión públicaFlexibilizar ayudas de Estado para vivienda social; redirigir fondos NextGenMovilizar recursos hacia construcción y renovación de vivienda asequible
Alquileres turísticosLimitar plataformas tipo Airbnb en zonas tensionadasProteger la oferta residencial permanente en ciudades
Apoyo a la demandaMedidas para jóvenes y familias; alivios fiscales; formación profesionalFacilitar acceso a vivienda y dinamizar el sector
Coordinación institucionalMejora de datos y gobernanza multinivel; convocar una Cumbre de Vivienda en 2026Garantizar coherencia y seguimiento de políticas

Reacciones políticas en la Eurocámara

La presidenta de la comisión de Asuntos Económicos, Irene Tinagli (S&D), ha celebrado que la vivienda “se aborde como una prioridad social a nivel europeo”. En cambio, la eurodiputada Alícia Homs (S&D) ha lamentado que el enfoque del texto fuera “excesivamente orientado al mercado” y “lejos del resultado deseado”.

Desde el PPE, principal grupo impulsor del documento, se ha defendido la necesidad de “eliminar trabas regulatorias que frenan la edificación”, en línea con propuestas ya lanzadas en octubre de 2025.

El comisario europeo de Vivienda, Dan Jørgensen, considera que la vivienda debe ser tratada como “un derecho humano” y ha reclamado “la implicación de inversores responsables” para activar soluciones escalables. Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha criticado la “falta de voluntad política” en algunos Estados del sur de Europa.

Próximos pasos y encaje en la agenda europea

La votación en el pleno de marzo será clave para conferir peso político al documento, que aspira a influir en el desarrollo legislativo del Affordable Housing Act, previsto para finales de 2026. La Comisión Europea ya anunció un paquete de simplificación normativa para 2027 y más fondos estructurales vinculados al Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

El Plan Europeo de Vivienda Asequible, presentado en diciembre, contempla inversiones por 10.000 millones de euros adicionales a través de InvestEU entre 2026 y 2027, y marca como prioridades el aumento de la oferta, la promoción de la colaboración público-privada y la regulación de los alquileres de corta duración.

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