El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes, coincidiendo con el 45 aniversario del intento de golpe de Estado del 23F, la desclasificación de los documentos oficiales relacionados con aquellos hechos. La medida será aprobada mañana en el Consejo de Ministros y entrará en vigor el miércoles, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El jefe del Ejecutivo ha comunicado la decisión a través de sus redes sociales. “La memoria no puede estar bajo llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía”, ha señalado en su mensaje.
Calendario y procedimiento administrativo
Según lo anunciado, el Consejo de Ministros aprobará formalmente la desclasificación este martes 24 de febrero. La decisión será efectiva el miércoles 25, una vez publicada en el BOE, momento en el que los documentos pasarán a estar disponibles para consulta pública.
Fuentes del Ejecutivo han indicado que los archivos podrán consultarse previsiblemente a través de canales oficiales como la web de La Moncloa o en los fondos documentales correspondientes.
Transparencia sin reforma legal previa
El Gobierno enmarca la decisión en una política de transparencia y memoria democrática. La desclasificación se produce sin esperar a la aprobación de la reforma integral de la Ley de Secretos Oficiales, una norma de 1968, de origen franquista, que mantiene amplios márgenes de clasificación y cuya actualización lleva tiempo comprometida, aunque sin culminarse hasta la fecha.
El Ejecutivo sostiene que con esta medida pretende “saldar una deuda pendiente” con la ciudadanía en relación con uno de los episodios más relevantes de la historia reciente.
Alcance aún por concretar
Por el momento no se ha detallado el alcance exacto de los documentos que serán desclasificados. Entre los materiales potencialmente afectados podrían figurar informes del antiguo CESID, actas del Consejo de Defensa, comunicaciones militares o documentación relativa a la actuación de altos mandos.
Se espera que la portavoz del Gobierno ofrezca más información tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que se concretarán los términos administrativos de la desclasificación.
La decisión se adopta en una fecha simbólica, 45 años después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que marcó un punto de inflexión en la consolidación democrática en España.
