Al Ayuntamiento se le agota el tiempo para retirar el amianto antes de 2028

El calendario legal para identificar y planificar la retirada del amianto en edificios públicos de Vitoria-Gasteiz entra en su fase más delicada. El Ayuntamiento defiende que aún está en disposición de cumplir los plazos, pero la oposición da por hecho que la ciudad llegará tarde al objetivo fijado por la ley estatal para los emplazamientos de mayor riesgo.

La cuenta atrás ya ha empezado. Cuatro años después de la aprobación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, el debate sobre el amianto en Vitoria-Gasteiz se ha desplazado del diagnóstico a los plazos. Ya no se discute solo cuánto queda por censar, sino si el Ayuntamiento llegará a tiempo para retirar este material peligroso de los edificios públicos prioritarios antes de 2028.

Ese ha sido el eje del debate en comisión municipal entre el Gobierno local y la oposición, que vuelve a poner el foco en el retraso acumulado en una obligación que la norma estatal situó hace tiempo en la agenda de los ayuntamientos. Elkarrekin y EH Bildu han coincidido en que el Consistorio va demasiado tarde y han cuestionado que pueda completar la retirada dentro del margen legal. El concejal de Limpieza, Pascual Borja, ha sostenido en cambio que Vitoria está “en disposición de cumplir” y ha defendido que los trabajos se desarrollan en coordinación con el Gobierno Vasco.

El amianto está considerado por la legislación española un cancerígeno de primera categoría, aunque el riesgo no reside en su mera presencia, sino sobre todo en su manipulación sin las debidas medidas de seguridad. De ahí que la ley obligara a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto y a fijar un calendario para su retirada.

Un censo que llegó tarde

La oposición ha subrayado que el primer plazo ya se incumplió. La ley establecía que un año después de su aprobación, es decir, en abril de 2023, debía haberse elaborado ese censo con su correspondiente planificación. En Vitoria, sin embargo, el primer documento no llegó hasta mayo de 2024 y, además, con carácter preliminar.

Aquel avance apuntaba que menos del 10% del parque edificado de la ciudad podía contener amianto y que buena parte de esos casos se concentraban en zonas industriales. También identificaba alrededor de 40 edificios de titularidad municipal que, en principio, debían ser atendidos antes de 2028. Pero no era todavía el censo definitivo. Para ello faltaban verificaciones, inspecciones visuales y un análisis más detallado del nivel de riesgo.

Ese es uno de los puntos que ha alimentado las críticas de la oposición. Óscar Fernández, de Elkarrekin, ha cuestionado en comisión que año y medio después de aquel censo preliminar el Ayuntamiento siga prácticamente en una fase similar, al haber sacado a contratación externa parte de las comprobaciones que, según ha señalado, se venían atribuyendo hasta entonces a personal municipal.

Un contrato de 12 meses y un calendario al límite

El contrato citado por la oposición ha sido adjudicado a la empresa Calibra S.L. por 32.495,76 euros, con firma el 20 de febrero de 2026 y un plazo de ejecución de 12 meses. Según se ha expuesto en el debate, ese encargo incluye una fase básica, otra detallada y la redacción del plan de retirada del amianto.

Ahí aparece el principal nudo político y temporal del asunto. Si el contrato se extiende durante un año, el calendario definitivo no estaría listo hasta comienzos de 2027. Y si, como ha admitido el propio Gobierno municipal, la previsión es tener el plan de acción a finales de 2027 y comenzar la retirada de los edificios prioritarios entre finales de ese año y principios de 2028, el margen para cumplir la exigencia legal queda reducido al mínimo.

Fernández ha sostenido que ese calendario confirma que el Ayuntamiento no llegará a tiempo. A su juicio, la ley no habla de iniciar trámites en 2028, sino de que los emplazamientos públicos de mayor riesgo deben estar ya gestionados antes de esa fecha. EH Bildu ha compartido ese análisis y ha denunciado la lentitud con la que se ha actuado durante los últimos años, pese a que el Gobierno Vasco ya había fijado una guía metodológica para avanzar en el censo.

La crítica de ambos grupos va más allá de una cuestión administrativa. Entienden que el retraso complica ahora cualquier retirada ordenada, con presupuesto, priorización y capacidad real de ejecutar obras en varios edificios a la vez. También alertan de que, si la planificación se retrasa hasta la antesala de 2027, la ejecución quedará condicionada por el contexto político y presupuestario del final de mandato.

El Gobierno defiende que llegará “en disposición de cumplir”

Frente a ese diagnóstico, el concejal de Limpieza ha rechazado que haya habido inacción. Borja ha defendido que Vitoria fue uno de los primeros ayuntamientos de cierto tamaño en elaborar una fase preliminar y en poner sobre la mesa un “mapa de calor” sobre la presencia de amianto en la ciudad.

El edil ha sostenido que la complejidad del proceso no puede entenderse sin el papel del Gobierno Vasco, al que ha atribuido la necesidad de armonizar criterios y de dar una salida homogénea a la publicación de los censos. Según ha explicado, el trabajo municipal se ha coordinado con Ihobe y con la guía metodológica elaborada a nivel autonómico, lo que habría condicionado los tiempos.

También ha precisado que el personal técnico municipal realizó una primera comprobación visual de los datos preliminares, pero que la nueva adjudicación resulta necesaria para profundizar en el análisis, evaluar el nivel de riesgo y redactar el calendario de retirada. Su previsión pasa por tener a finales de 2027 el plan de acción y arrancar entre finales de ese año y principios de 2028 con la retirada del amianto en los edificios de carácter prioritario.

Ese calendario, ha reconocido implícitamente, deja poco margen. Aun así, ha insistido en que el Ayuntamiento trabaja con el objetivo de cumplir y ha defendido que los plazos se ajustan a un marco legal que, según su versión, ha tenido que ser desarrollado en la práctica por las comunidades autónomas al no venir suficientemente detallado en la ley estatal.

Dónde irá a parar el amianto

El debate no se ha limitado al censo y a las fechas. También se ha abordado el destino final de los residuos retirados. Elkarrekin ha preguntado expresamente si el Ayuntamiento está hablando con el Gobierno Vasco para conocer en qué vertedero autorizado se depositará el amianto y si existe alguna posibilidad de modificar la autorización ambiental integrada de Gardelegi para permitirlo.

Borja ha respondido que, a día de hoy, el vertedero municipal no está habilitado para acoger este tipo de material peligroso y ha añadido que actualmente existen vertederos autorizados fuera de la comunidad autónoma con capacidad para recibirlo. Sobre una eventual nueva autorización ambiental integrada, ha señalado que el Gobierno Vasco aún no se ha pronunciado.