El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha dejado caducar en 2025 siete expedientes sancionadores por incumplir la Ordenanza de Limpieza y Residuos. El dato se ha conocido en la Comisión de Limpieza gracias a una pregunta de Óscar Fernández, concejal de Elkarrekin, que ha llevado el asunto después de detectar un expediente sancionador a un gran supermercado que había quedado sin efecto por caducidad.
Fernández ha querido saber si aquello era un caso aislado o si había ocurrido más veces. Por eso ha preguntado por los expedientes iniciados en 2024 y 2025 que habían terminado caducados. La respuesta del Gobierno municipal deja una diferencia clara. En 2024 no caducó ningún expediente. En 2025 han caducado siete.
No son sanciones graves ni suponen una gran cantidad económica. Según los datos trasladados en la comisión, los siete expedientes eran de carácter leve. Cinco tenían una cuantía de 150 euros, uno era de 200 euros y otro de 300. En total, 1.250 euros que el Ayuntamiento no ha cobrado.
El propio Fernández ha rebajado el peso económico del asunto. Ha reconocido que 1.250 euros es una cantidad pequeña dentro del presupuesto municipal. Pero ha puesto el foco en otra cuestión. Siete infracciones de limpieza han quedado sin sanción efectiva por un problema de tramitación.
El concejal de Elkarrekin ha recordado que la ley vasca de potestad sancionadora establece un plazo de seis meses para resolver estos procedimientos. Si la resolución no se notifica dentro de ese plazo, el expediente caduca. En la práctica, la infracción queda sin castigo.
El concejal de Limpieza, Pascual Borja, del PSE-EE, ha confirmado que en 2025 hubo siete expedientes que se quedaron sin resolver. También ha introducido una matización técnica. Según ha explicado, sí hubo notificación de apremio dentro de la tramitación, pero no se resolvió el expediente como tal dentro del plazo.
La explicación del Gobierno municipal apunta a un problema concreto dentro del departamento. Borja ha señalado que coincidieron dos bajas laborales imprevistas y de larga duración en la parte administrativa. Esa situación generó una sobrecarga de trabajo y obligó a priorizar otros asuntos considerados más urgentes, graves o de mayor relevancia social.
El concejal socialista ha defendido que la situación ya está regularizada. Según ha dicho, los puestos administrativos están cubiertos y el departamento confía en que este problema no vuelva a repetirse.
Borja también ha querido poner el dato en contexto. Ha asegurado que solo en su departamento se tramitan aproximadamente más de 1.200 expedientes. Los siete casos caducados representan, según sus cálculos, alrededor del 0,6% del total.
Aun así, Elkarrekin ha pedido que lo ocurrido sirva de aviso. Fernández ha aceptado las explicaciones, pero ha insistido en que este tipo de situaciones no deben repetirse. A su juicio, el Ayuntamiento debe tener más control cuando se produzcan circunstancias similares para que ninguna infracción quede sin consecuencia por una cuestión administrativa.
El debate no va tanto de dinero como de funcionamiento. La pérdida económica es pequeña, pero el mensaje político es más incómodo. Si una persona o una empresa incumple la ordenanza de limpieza, el expediente debe llegar hasta el final.
Borja ha admitido también esa parte del problema. Ha recordado que las sanciones tienen un carácter pedagógico, porque sirven para marcar a la ciudadanía qué se puede hacer y qué no dentro de las normas municipales.