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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dejará de alquilar en febrero de 2027 los locales de San Antonio 10, uno de los contratos más controvertidos de las últimas décadas en la política municipal. El Gobierno local asegura que ya ha tomado la decisión de no continuar con ese arrendamiento y que trabaja en el traslado de los servicios que ahora se prestan allí a espacios de titularidad municipal.
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En ese inmueble están ubicados actualmente la Oficina de la Síndica, el Servicio Municipal de Urgencia Social (SMUS) y la Oficina de Atención Ciudadana, tres recursos de atención directa que obligarán al Ayuntamiento a preparar una alternativa antes de que expire el contrato.
El anuncio lo ha realizado este miércoles en comisión el concejal de Hacienda, Jon Armentia, a preguntas de la portavoz de EH Bildu, Rocío Vitero.
Según ha explicado, la intención del gabinete de Maider Etxebarria es abandonar ese emplazamiento cuando finalice el contrato, tras 20 años de vigencia, y reubicar esos servicios en locales municipales.
Un contrato firmado en 2007
El origen de este alquiler se remonta a 2007, cuando el Ayuntamiento firmó un contrato de 20 años para ocupar los locales de San Antonio 10. En aquel momento gobernaba en Vitoria-Gasteiz el PP, con Alfonso Alonso como alcalde y Javier Maroto como concejal de Hacienda.
Desde entonces, este arrendamiento ha sido uno de los asuntos más discutidos en la vida política municipal. La oposición ha cuestionado durante años tanto el coste económico como las condiciones del acuerdo, al considerar que resultaban desfavorables para el Ayuntamiento y especialmente ventajosas para la propiedad.
Un coste de 7,6 millones
Las cifras ayudan a entender por qué este contrato ha generado tanta polémica. El coste total asciende a 7,6 millones de euros, de los que 6,1 millones corresponden al alquiler y 1,5 millones a obras de acondicionamiento financiadas con dinero público.
La renta mensual se fijó en 12.500 euros más IVA, con revisiones ligadas al IPC. Esa cuantía y su evolución posterior han estado en el centro de las críticas políticas desde hace años.
La compra previa y el origen de la polémica
Antes de la firma del contrato, el inmueble había sido adquirido por Gonzalo Antón por 2,7 millones de euros.
El caso llegó a motivar una comisión municipal de investigación, cuyas conclusiones fueron especialmente duras. Entre otras cuestiones, se apuntó a un posible trato de favor y se dejó por escrito que varias de las cláusulas resultaban beneficiosas para el propietario.
También tuvo recorrido judicial
La operación no se quedó solo en el terreno político. En mayo de 2016, el Tribunal de Cuentas dictó una condena en primera instancia que fijaba una cantidad a devolver de 393.862,31 euros.
Meses después, en diciembre de 2016, llegó la absolución en apelación, aunque el procedimiento dejó también un voto particular discrepante.
El Gobierno confirma la salida, pero no concreta el destino
La principal novedad ahora es que el Ayuntamiento sí confirma que no seguirá en San Antonio 10 a partir de febrero de 2027. Armentia ha defendido en comisión que el Gobierno no está improvisando y que lleva meses trabajando en distintas alternativas para trasladar los servicios a locales de propiedad municipal.
El concejal no ha querido concretar todavía qué espacios se están valorando ni cuál será la futura ubicación de la Síndica, el SMUS y Atención Ciudadana. Sí ha insistido en que la decisión de abandonar este alquiler ya está tomada y en que el objetivo es evitar que se siga destinando dinero público a un arrendamiento que ha sido cuestionado durante años.
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