EH Bildu ha reclamado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que busque una nueva ubicación para los servicios municipales que siguen en San Antonio 10, entre ellos la Oficina de la Síndica, el Servicio Municipal de Urgencia Social y la Oficina de Atención Ciudadana.

La formación quiere saber qué va a hacer el Gobierno municipal cuando termine el actual alquiler y plantea que, antes de volver a arrendar otro local, se estudien primero edificios de titularidad pública.

La iniciativa llega cuando se acerca el final de un contrato que lleva casi dos décadas sobre la mesa política de Gasteiz. No se trata de un alquiler más. San Antonio 10 fue durante años uno de los símbolos de la gestión más cuestionada del Ayuntamiento por el coste asumido, por las cláusulas pactadas y por el beneficio que, según denunciaron varios grupos, obtuvo la propiedad.

El origen del caso se remonta a 2007, cuando el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PP con Alfonso Alonso como alcalde y Javier Maroto como concejal de Hacienda, firmó el alquiler de esos locales por 20 años.

El precio final del contrato ascendía a 7,6 millones de euros, de los que 6,1 millones correspondían al alquiler y 1,5 millones a obras de acondicionamiento pagadas con dinero público.

La operación generó polémica desde el principio. El inmueble había sido comprado poco antes por el empresario Gonzalo Antón por unos 2,7 millones de euros, de modo que el arrendamiento municipal disparaba en poco tiempo el valor de esa compra.

Ese desfase fue una de las claves de la crítica política y del posterior recorrido judicial del caso.

A eso se sumaban las condiciones del contrato. El Ayuntamiento asumía un compromiso de larga duración, con una renta mensual de 12.500 euros más IVA, revisiones vinculadas al IPC y el coste de las obras de adecuación del local.

La oposición denunció entonces que el acuerdo estaba muy por encima del precio de mercado y que dejaba al Consistorio en una posición claramente desfavorable.

El caso acabó en una comisión de investigación municipal, que fue muy crítica con la operación. Según las referencias publicadas entonces, sus conclusiones apuntaban a un posible trato de favor hacia la empresa propietaria y a un contrato cuyas cláusulas beneficiaban de forma sistemática a la propiedad.

Ese diagnóstico convirtió San Antonio 10 en una referencia habitual cada vez que en Vitoria se hablaba de contratos lesivos para el interés municipal.

Después llegó la vía judicial. En mayo de 2016, el Tribunal de Cuentas condenó en primera instancia a Alfonso Alonso, Javier Maroto y otros responsables del antiguo Gobierno municipal a devolver 393.862,31 euros por el perjuicio causado a las arcas públicas.

Meses después, en diciembre de 2016, la sala de apelación revocó esa decisión y los absolvió, con un voto particular discrepante del presidente de la sala.

Pese a esa absolución, el desgaste político nunca desapareció del todo. Durante años, el Ayuntamiento descartó romper el contrato por su cuenta porque los informes jurídicos advertían de que una rescisión unilateral podía salir todavía más cara.

El resultado fue que el Consistorio siguió vinculado a aquel alquiler mientras la crítica política seguía.

La formación sostiene que el final del contrato es una oportunidad para cerrar esa etapa y reorganizar esos servicios en otros espacios. Su planteamiento pasa por empezar por inmuebles municipales y, solo si no encajan, acudir al mercado del alquiler con un procedimiento abierto y ajustado a los principios de publicidad, igualdad y libre concurrencia.