Tras ocho años de investigaciones y de un juicio que parecía que no iba a celebrarse, el ‘Caso Balenciaga’ ya se ha saldado un culpable, Mariano Camio. El que fuera el exalcalde de Getaria -del PNV- ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión como autor de un delito continuado de administración desleal y otro de falsificación continuada en documento mercantil en el caso de la construcción del Museo Balenciaga. Pese a ser condenado por estos dos delitos ha sido absuelto por delito de malversación y de delito societario.

Según la sentencia, Camio deberá indemnizar a la Fundación Cristóbal Balenciaga con 43.687 euros y a la comercial Berroeta Aldamar -formada por el Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Getaria- con 426.093 euros.

Camio no ha sido el único que ha sido llamado al juicio. El arquitecto cubano Julián Arguilagos también ha sido llamado pero se encuentra en paradero desconocido mientras que está en orden internacional de búsqueda y entrega. Otro arquitecto cubano, Rolando Paciel, también ha sido condenado aún que no ha trascendido la condena que le ha impuesto la Audiencia de Gipuzkoa.

¿Que ha ocurrido?

Después de siete años de investigación el pasado 4 de abril comenzó el juicio por el ‘Caso Balenciaga’, un entramado de corrupción rodeado de irregularidades en los que estan involucrados el ex alcalde de Getaria, su pareja y arquitecto de la obra del museo, las mujeres de dirigentes del PNV en la zona y concejales del mismo partido.

Todo comenzó… en 1987

La idea de crear el museo surgió en 1987 por parte del Gobierno Vasco y diferentes instituciones. En 1988, el gobierno autonómico comenzó a comprar piezas del diseñador para incorporarlas a la exposición hasta que comenzaron a desaparecer láminas de diseños y pañuelos de señora de la colección. De estas piezas no se supo nada hasta 2008 cuando Borja Sémper (PP Vasco) denunció que muchas de esas piezas estaban en manos de las esposas de algunos dirigentes del PNV de Gipuzkoa. La Fiscalia concluyó que los hechos habían prescrito ya que ocurrió entre 1988 y 1990. El museo se inauguró en 2011 y está en manos del Gobierno Vasco y Diputación de Gipuzkoa al 35% cada uno y del Ministerio de Cultura al 30%.

El Ministerio les retiró la subvención

Según publicó El País el 17 de noviembre del 2008, en 2007 el Ministerio de Cultura retiró la subvención de 1,4 millones a la fundación del Museo Balenciaga por el desvío de 750 mil euros -en el ejercicio del 2006- a fines distintos a los acordados con el Ministerio. Dicha cantidad de dinero fue registrada en la contabilidad de la empresa Berroeta Aldamar, una sociedad en la que Mariano Camino fue responsable. Según se publicó, ese dinero fue destinado a pagar unas estructuras metálicas.

Regalos a las mujeres del PNV

La Fiscalía de Guipúzcoa investigó a Mariano Camio Uranga, ex gerente de la Fundación Balenciaga, por regalar piezas de la colección a las mujeres de los concejales y cargos del PNV en Zarautz y Getaria. Camio, miembro de la formación nacionalista, fue alcalde de Getaria durante doce años.

Julián Argilagos, la pareja del alcalde

Tras la investigación de la Fiscalía salió a la luz que el museo era una ruina en parte por el sobrepago de 439 mil euros que recibió el arquitecto Julián Argilagos, pareja del investigado y en busca y captura europea por el juzgado de lo Penal Nº2 de Donostia tras no comparecer en una vista del ‘Caso Balenciaga’. Por otro lado, Argilagos no podría firmar la obra por no tener homologada su titulación.

Los contratos

Según publicó El País, Mariano Camio firmó dos contratos con la empresa de su pareja ‘Hemen Fashion Art’ subrogandolos a través de la empresa Berroeta Aldamar. El primero valorado en 6,6 millones de euros sobre el presupuesto con unos honorarios de 504.793 mil euros. En 2005 se firmó el segundo contrato donde ya se señalaba que el presupuesto aumentaba en 15 millones de euros haciendo que se calcularán los honorarios del arquitecto.

El tercer contrato refleja que Argilagos cambio de puesto dentro de la Fundación pasando a hacerse cargo de la supervisión y asesoramiento desde Estados Unidos. La auditoría externa sacó a la luz un sobrepago de 439.905 euros.