Piden investigar la ocultación de información y presunta falsedad documental de los «favores a cazadores furtivos»

Este miércoles se ha conocido que la Fiscalía ha decidido denunciar a un funcionario de la Diputación Foral de Álava por falsedad documental, basándose en hechos que pudiera conocer y ocultar información relevante del caso. Este nuevo paso se ha dado después de varios meses de investigación y de tomar declaración a varias personas del departamento de Agricultura del gobierno de la provincia. 

Antecedentes 

Todo comenzó en 2017 con el denominado caso de Manzanos cuando dos cazadores vieron a dos guardas privados arrastrando y ocultando un corzo muerto. Estos hechos se pusieron en conocimiento del guarda de la Diputación y se denunció lo ocurrido.

Dicho expediente fue archivado y, como consecuencia de este procedimiento irregular, se comprobó que la tramitación de sanciones entre los años 2014 y 2016 dejaba en mal lugar a los propios guardas, pues también el resultado de las denuncias era muy beneficioso para los denunciados. 

En total han sido 180 las denuncias que se han interpuesto pero solo 81 finalizaron con una propuesta de sanción pero quitando o rebajando la gravedad y sanción de las multas a cazadores furtivos o infractores. Casi la mitad (86) de las denuncias interpuestas por los guardas fueron sobreseídas, archivadas, prescritas o no fueron iniciadas. Además, otras 18 sanciones fueron rebajadas de grado frente a la investigación y propuesta de sanción.

Por otra parte, en 2018, un juez archivó una denuncia presentada por la Fiscalía sobre datos de tramitación de expedientes aportados por los propios guardas.

El colectivo de guardas forestales de la Diputación, compuesto por 40 personas con la función de vigilar el monte público, los cotos de caza y los parques naturales, ha venido alertado también de las amenazas que sufren en su labor, amenazas que no son trasladadas después a los juzgados ordinarios.

Ante estos hechos, dilatados en el tiempo, y ante la actual denuncia contra un funcionario foral, Eguzki reclama que se investigue tanto la ocultación de información o presunta falsedad documental, como aquellos intereses y beneficios que han podido generar los expedientes objeto de la denuncia de guardas en nuestro territorio, por si pudiera tener relación con una actuación concomitante con otros expedientes sospechosos y si se producen indicios de trama o actuación irregular o delictiva continuada.

Desde el punto de vista de la Administración competente y encargada de velar por los montes y el respeto de las normas de caza, Eguzki reclama el esclarecimiento total del funcionamiento de la tramitación de los expedientes por infracciones administrativas por parte de la Diputación Foral, mediante una auditoria de gestión, la cual no puede recaer en manos de responsables forales ni implicados o investigados hasta la fecha, siendo urgente y precisa una autoridad que vele contra la corrupción e irregularidades en la gestión de expedientes sancionadores sobre caza, aplicando los principios de transparencia y publicidad.