El Gobierno municipal se defiende diciendo que no lo comunicó debido a las restricciones que impone la normativa electoral en periodo de elecciones.

De hecho, algunos concejales del PSE-EE en el Ayuntamiento también han sufrido la presión del PNV para sacar adelante ciertos proyectos.

Elecciones al Ayuntamiento de Vitoria 2023, 28 de mayo.

El PNV y el PSE-EE han mantenido un tono muy crítico con la iniciativa, acusando a EH Bildu de extender la sombra de la sospecha

Discurso de Aitor Esteban del PNV

En la presentación de Artolazabal intervendrán el presidente del Araba Buru Batzar, José Antonio Suso, y la propia candidata a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazabal. | "la vitoriana serviría para refrescar la imagen del PNV en Gasteiz tras Gorka Urtaran"

Suso ha asegurado que las relaciones con Urtaran son excelentes y que "no se deben buscar conflictos". Además, ha confirmado que ya ha evaluado varias opciones laborales para el alcalde actual.

De Miguel ha continuado trabajando en el Gobierno Vasco a pesar de estar imputado. Recibió dos plazas reservadas en la Administración pública a través de excedencias en puestos que obtuvo "de forma discrecional": uno en Sprilur y otro en Hazi.

En 2010 y 2019, el Lehendakari expresó su reprobación a la corrupción, compromiso con la transparencia y ética en la gestión pública y política, así como su respeto a las decisiones de la justicia y cumplimiento de las mismas.

El Lehendakari ha afirmado que mantiene su postura sobre el "caso De Miguel", específicamente la que expresó en 2010 y 2019 como Presidente del Partido Nacionalista Vasco. En esa ocasión, mostró su rechazo a la corrupción y su compromiso con la transparencia y la ética en la gestión pública y política.

También se condena al gerente del Parque Tecnológico de Álava, Alfonso Carlos Arriola Lacruz, con una inhabilitación de 4 años por ayudar en prevaricación administrativa; mientras que al Director de Juventud y Acción Comunitaria del Gobierno Vasco, Francisco Javier Sánchez Robles, se le impone una pena de prisión de más de 7 años por varios delitos cometidos.

Se considera la “encuesta de las encuestas” pese a que los datos de partidos de carácter regional que se ofrecen puede dejar un amplio margen de error.