Partido Popular, Ciudadanos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), PDeCAT, Foro Asturias y Coalición Canaria presentaron su oposición al proyecto y asestaron así al Gobierno de Sánchez el golpe que marcaría el inicio del fin de su legislatura.
El presidente ha afirmado que se encuentra entre la disyuntiva de «no hacer nada» o «avanzar» y que España no tiene ni un minuto que perder para lograr el país que se quiere.[/mpc_textblock]
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«Nosotros queremos un país en el que cabemos todos y todas«, ha dicho, «esa es la gran diferencia entre nosotros y los que encabezaron la manifestación de Colón«, en referencia a la última movilización producida el pasado domingo y convocada por los partidos de derecha en la que se exigía la convocatoria de elecciones generales.
Ha querido seguir desmarcándose de las fuerzas conservadoras que «solo encuentran en la descalificación y en la crispación su forma de hacer oposición«, y se ha mostrado partidario del diálogo y el consenso: «Nunca renunciaré al diálogo, porque creo que en el diálogo podemos encontrar el camino para resolver nuestras desavenencias y también la crisis territorial«, ha sostenido.
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Agresiva oposición de la derecha
En los últimos meses, los partidos derechistas de la oposición han incrementado la presión sobre el mandatario socialista para que convocara los comicios generales, llegando a organizar una manifestación en el centro de Madrid bajo el lema ‘Por una España unida, ¡elecciones ya!’ el pasado domingo
10 de febrero.
Los argumentos que la derecha ha esgrimido últimamente contra Sánchez giran generalmente en torno a su gestión de la crisis territorial catalana, por la que ha llegado a recibir acusaciones de aceptar «los términos y exigencias impuestos por el presidente de la Generalitat» o haber «renunciado a defender la dignidad de los españoles con el único objetivo de mantenerse en el poder«, tal como señaló la periodista María Claver en un discurso en el marco de la mencionada manifestación.
Pocos días antes había estallado una intensa polémica en el país, cuando, en medio de la posible apertura de una mesa de diálogo entre los Gobiernos de España y de Cataluña, trascendió que en ella participaría un «relator», figura a la que algunas voces señalaban como «mediador» o «coordinador«. Se trataba en todo caso de una propuesta de los partidos independentistas catalanes, presentada como requisito para las negociaciones. El PP y Ciudadanos criticaron que el Ejecutivo de Sánchez aceptara esta propuesta, tachándola de cesión al Gobierno catalán y de «alta traición a España«, en palabras del líder de los populares, Pablo Casado.
No obstante, desde el independentismo catalán la actitud del Gobierno socialista tampoco se percibió lo suficientemente favorable como para merecer el apoyo a su proyecto presupuestario, circunstancia que ha contribuido considerablemente a precipitar el final de esta legislatura.
8 meses de Gobierno
Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno de España el 1 de junio de 2018, mediante una moción de censura que puso fin al Gobierno de Mariano Rajoy, acorralado por entonces por los abundantes casos de corrupción que salpicaban a su partido, el PP.
Esta vía de acceso al poder ha sido criticada de manera frecuente e intensa por sus opositores políticos, que le reprochan principalmente haber pactado con nacionalistas vascos y catalanes que cuestionan una idea de «unidad» de España que resulta central e innegociable en los planteamientos de la derecha.
El apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya, PDeCAT, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Euskal Herria Bildu a aquella moción centró desde el primer día un cuestionamiento constante desde la derecha a la «legitimidad» de Sánchez como presidente. [/mpc_textblock]
