Desde la aprobación de la Ley el pasado mes de febrero, los municipios tienen el plazo de un año para implementar medidas como la creación de una comisión para la sostenibilidad energética, la implementación de contadores de energía eléctrica con capacidad de telemedida o la elaboración de planes de actuación energética de carácter plurianual. A medio plazo, estas instituciones tienen que alcanzar objetivos ambiciosos como cumplir con los porcentajes de ahorro y eficiencia energética y de energías renovables que se fijan: reducción del consumo de energía del 60% en el horizonte 2050, con una reducción del 35% en el horizonte 2030.
Todas las medidas que recoge la Ley requieren una fuerte inversión económica, principalmente para cumplir el objetivo del 40% de los edificios existentes, cuyo nivel de calificación energética fuera inferior a B, deberán mejorar dicha calificación hasta el nivel B, como mínimo, antes del año 2030; y para lograr para el año 2030 que, en el conjunto de sus edificios, disponga de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables suficientes para abastecer el 32% del consumo de la citada administración, incluyendo tanto sistemas de aprovechamiento térmico como de generación eléctrica.
“Hemos repetido en numerosas ocasiones que el Ayuntamiento de la Green Capital lleva un retraso grave en materia energética, sobretodo en la instalación de energías renovables. Ha quedado demostrado que, con las políticas de marketing verde que nos han vendido los gobiernos anteriores y el actual gobierno, no avanzamos hacia la sostenibilidad. Debemos cambiar el rumbo y tomarnos en serio lo que supone la transición energética en Vitoria-Gasteiz. Sólo con un gobierno verde lo lograremos. Ya no tenemos más tiempo que perder”, ha señalado Oscar Fernández.[/mpc_textblock]
