Reacciones de los lideres políticos vascos sobre la sentencia del procés

El Tribunal Supremo ha condenado este lunes a nueve líderes independentistas catalanes a entre 9 y 13 años de cárcel por su participación en el ‘procés’. Otros tres acusados, que no entrarán en prisión al ser condenados sólo por el delito de desobediencia, están obligados a abonar una multa de 10 meses con una cuota diaria de 200 euros.

La mayor sentencia ha recaído sobre el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que afronta una condena de 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación por delitos de sedición en concurso medial y malversación de fondos públicos. Asimismo, los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa han sido condenados a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación por los mismos delitos.

Por otro lado, la expresidenta del Parlament de Cataluña, Carmen Forcadell, ha sido condenada a 11 años de cárcel, mientras que los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull afrontan 10 años y 6 meses de prisión. Sobre el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, y Jordi Cuixart, recae una pena de 9 años de cárcel.

Esta situación ha hecho los los diferentes personajes políticos y sociales de Euskadi se pronuncien.

“La sentencia, por el momento, es un nefasto desenlace a un proceso político y judicial que ha constituido un despropósito”

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha valorado la sentencia del Tribunal Supremo al procés, por el momento, como un nefasto desenlace a un proceso político y judicial que ha constituido un despropósito.“La judicialización de la política sólo conduce, como en este caso, a resultados negativos”, ha señalado. Así, ha propuesto un proceso y una mesa de negociación política como la única posibilidad de canalizar una solución a un problema político que redunde en la convivencia.

Ante la Sentencia, el Lehendakari ha expresado su cercanía humana y solidaridad a los políticos encarcelados. Asimismo, refiriéndose a una parte importante de la sociedad catalana y comprendiendo la alta carga emocional, la tristeza, frustración y desesperanza de la misma, ha apelado a la serenidad. “Apelo a actuar con perspectiva e inteligencia política en la búsqueda de una solución política”, ha añadido. El Lehendakari ha abogado por una estrategia transversal que apueste por el diálogo y el acuerdo. “Su ausencia nos ha traído a este punto, es imprescindible impulsar una estrategia capaz de eludir el choque de trenes, los callejones sin salida o la fragmentación social”, ha añadido.

“Autoritario y antidemocrático”

Desde EH Bildu tachan las sentencias de “autoritario y antidemocrático” y las comparan con las emitidas por el Tribunal sobre los jóvenes del Alsasua. Para la formación, la decisión judicial publicada hoy “no dejan de ser la prueba más concluyente de la naturaleza y carácter autoritario y antidemocrático del Estado español. Una sentencia debe inscribirse en la lógica de la decisión adoptada por parte de los poderes del Estado de responder con la red represión y el autoritarismo y la grave crisis política económica y territorial que sufre el régimen de 78”

También añaden que “dicho régimen ha decidido poner en marcha una auténtica contrarreforma qué incluye el recorte de libertades, la veneración de nuestros derechos nacionales y sociales, el desprecio a los principios democráticos y la utilización permanente de la amenaza y la coacción para tratar de reprimir nuestras aspiraciones nacionales, republicanas, soberanistas y progresistas (…) la represión su única respuesta frente a las legítimas demandas nacionales de nuestros pueblos y aspiraciones de nuestros trabajadores y clases populares”.

«sienta un precedente jurídico muy peligroso que criminaliza la desobediencia civil»

En Podemos Euskadi, y según ha publicado su líder Lander Martinez, esta sentencia “sienta un precedente jurídico muy peligroso que criminaliza la desobediencia civil y los derechos de manifestación y libertad de expresión. No aporta nada en la solución de conflicto de Catalunya. A pesar de la clara diferencia de proyectos políticos con las personas condenadas, todo este proceso judicial ha supuesto un agravio para la democracia, así lo ha sido desde el momento en que fueron encarceladas las personas ahora injustamente sentenciadas”.

También apunta a que “la judicialización de la política no es la solución, no puede ser el eje sobre el que afrontar el conflicto territorial. La instrumentalización política de la justicia quiebra el principio de la separación de poderes, se desprestigia al poder judicial y se degrada la política”.