1.353,1 millones de euros es la cantidad que la comunidad autónoma vasca pagará al estado en concepto de las competencias que gestionó el estado, las no transferidas, en 2019, tributo económico conocido como el «cupo».

La cantidad, -provisional-, se ha fijado en la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico (la CMCE), celebrada ayer miércoles en el Ministerio de Hacienda entre responsables de Hacienda de España y Euskadi y los tres Diputados Generales de los territorios históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Los máximos responsables de las arcas públicas salían de la reunión habiendo alcanzado -y firmado- 13 acuerdos de ámbito financiero, tributario y de estabilidad presupuestaria. Se confirmaría así la buena sintonía entre ambos gobiernos, después de que en 2017 «arreglaran sus discrepancias» -tal y como recuerda insistentemente el Gobierno Vasco- con la Ley Quinquenal del Cupo 2017-2021 y la modificación de la Ley de Concierto Económico.

En palabras del consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu «ha quedado avalada la paz financiera».

Además del cupo provisional de 2019, se han cerrado los Cupos definitivos de los años 2017 (1.214,2 millones de euros) y 2018 (año por el cual Euskadi aportará 1.341,1 millones al estado).

Otro de los acuerdos fija los importes correspondientes a la valoración de las Políticas Activas de Empleo (134,4 millones de euros en 2016; 131 en 2017; 181,5 millones en 2018 y de 276,5 millones de euros en 2019),

24 millones de euros es el importe que Euskadi recibirá por su participación en la financiación del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

Respecto a la consecución del obligado objetivo de estabilidad presupuestaria de las administraciones la CMCE ha aprobado el objetivo de déficit del 0% del PIB (que no se gaste más de lo que se prevé ingresar) para los presupuestos de Euskadi de 2020, 2021, 2022 y 2023 aunque el Departamento precisaba que este dato podría variar «si las previsiones macroeconómicas cambian» siempre que dichos cambios macroeconómicos no varíen por decisiones tomadas desde la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).

En este sentido Azpiazu explicaba que el fondo de emergencia de 300 millones de euros que Gobierno Vasco ha aprobado para combatir y paliar la pandemia de Coronavirus sería una decisión tomada dentro de la comunidad autónoma, por lo que -previsiblemente- tendrán que ajustar las cuentas para hacerle hueco.

También se han fijado los niveles de deuda pública a los que puede llegar la CAV hasta 2023, porcentajes de deuda pública respecto al producto interior bruto que quedarían así: 11,8 % del PIB en 2020; 114 % en 2021; 11% en 2022 y 10,6% de deuda pública en 2023.