«Es una barbaridad lo que se consume en la Institución Penitenciaria porque hemos suplido la carencia de facultativos y profesionales, a base de psicofármacos«. Nacho Gutiérrez, de la Agrupación de los cuerpos de administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP)
Tras el auto emitido por la jueza Ruth Alonso Cardona, cuyo contenido dábamos a conocer ayer, GasteizBerri ha podido saber que al menos OSI de Araba se encuentra todavía en el proceso de adaptación y preparación del protocolo de tratamientos con psicofármacos que ordenó la magistrada del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. El Gobierno vasco habría pedido a la jueza una ampliación de tiempo para adaptar el protocolo que decreta un solo método de entrega de medicamentos dentro de las cárceles: el Tratamiento Directamente Observado o T.D.O. El día 7 de noviembre se cumplió el plazo que dio la magistrada en el auto, un mes desde la comunicación del mismo.
GasteizBerri.com ha hablado con Julen Guaresti Etxebarria, como portavoz de la asociación Salhaketa, que desde 1982 apoya y reivindica la dignidad de personas detenidas, presas, expresas y de sus familiares y con Nacho Gutiérrez, como portavoz de la Agrupación de los cuerpos de administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP).
Valoraciones muy positivas
Ambas asociaciones valoran el auto de manera muy positiva aunque en conversación mantenida con ambos por separado la conclusión es la misma: Que a pesar de que la mejora del suministro de psicofármacos es un paso adelante en para el sistema penitenciario la medida está todavía lejos de lo que sería un sistema Penitenciario que funciona con el objetivo de reinsertar a los presos y evitar que vuelvan a cometer delitos tras su paso por la prisión.
Julen Guaresti (Salhaketa): «La valoración que hacemos sobre este auto nosotros es muy positivo. Valoramos enormemente el valor que ha tenido la única jueza de Vigilancia Penitenciaria que tenemos en la comunidad autónoma. Es trascendental. Y va a obligar -en principio- a una coordinación que esperamos sólida entre las administraciones penitenciarias y la Administración sanitaria».
Nacho Gutiérrez (ACAIP): «El auto me parece acertadísimo, a mí el auto me parece acertadísimo. Es una vergüenza lo que está pasando aquí. El dato del gasto que tiene Instituciones Penitenciarias en medicación, desglosado por este tipo de medicamentos es bestial. Se trapichea con psicofármacos en el interior de las cárceles y esto produce deudas, esas deudas generan peleas… Hay gente que consume lo que no le toca consumir porque se la ha vendido el colega del chabolo de al lado… hay que terminar con esto. y entre todos podemos terminar con esto, o podemos cambiarlo, que es lo importante».
Es un primer paso, pero el cambio necesario es más profundo
Sin embargo tanto Nacho como Julen coinciden en que la solución no puede ser la ingesta de medicamentos psicoactivos, aunque esta se haga de manera supervisada.
«Si institucionalmente está admitido, por parte de la Jueza, por las investigaciones que han realizado, por parte, incluso, de Denis Itxaso, delegado de Gobierno en la Comunidad Autónoma y por parte de instancias dentro de la asistencia primaria carcelaria no se entiende porque no se ha tomado ningún tipo de solución a estas cuestiones» afirma Guaresti.
Julen Guaresti (Salhaketa): «De una manera muy simplista la población dice: «le meten en la cárcel y a los 4 días sale y vuelve a liarla» y la realidad es que no hay unos protocolos de resocialización de toda esa gente que se encuentra en condiciones muy precarias de salud mental. No hay fuera de la cárcel ni en la cárcel tampoco unos espacios en los que se puedan recuperar.»
Nacho Gutiérrez, de ACAIP, coincide en este punto fundamental con Salhaketa. «Creemos que la ingesta continuada y normalizada de medicamentos en el sistema penitenciario ha generado más conflictividad e incluso problemas de salud, que lo que ha solucionado. Con esto yo no quiero poner en tela de juicio el papel de los compañeros de la sanidad vasca, los y las médicos de Instituciones Penitenciarias saben lo que hacen, pero que tenemos problemas por esto es una realidad».
El sistema trata farmacológicamente a una población reclusa que presenta adicción a sustancias
«Este es un problema fundamental. Las Instituciones Penitenciarias tienen el deber de la protección de los derechos fundamentales de los internos a la salud, a la integridad física y a la vida» recuerda Guaresti.
Salhaketa recuerda que la población reclusa (en Zaballa más de 700) requiere de un tratamiento psicosanitario más efectivo. «Son números bestiales, 4 o 5 % [de los internos padecen] trastornos mentales, incluso puede llegar a un 70% del personas presas que se encuentran en la cárcel con graves problemas de drogadicción y enfermedades mentales.»
Nacho Gutiérrez (ACAIP), coincide: «Sobre todo en Euskal Herria, donde durante muchos años vivimos el consumo de drogas hay muchos internos que presentan patologías de salud mental. Después de haber tenido años y años de consumo de drogas normalizado en muchísimas personas, muchas generaciones que luego han entrado en el círculo de la delincuencia, no puedes pretender arreglar una patología de salud mental a base de psicofármacos».
Gutierrez añade: «Tiene que haber otros tratamientos. Tiene que haber inyección de dinero en programas de salud mental, tiene que haber inyección de dinero en reinserción y resocialización de este tipo de internos».
Consecuencias nefastas
Las consecuencias de la política actual de tratamientos farmacológicos son desastrosas. No solo por los fallecimientos, intoxicaciones y problemas de salud mental que provoca, también produce peleas, coacciones, trapicheos y en definitiva la nula reinserción o rehabilitación de las personas que acaban presas, lo que debería ser por definición el objetivo primordial de las Instituciones Penitenciarias.
«Todas estas personas que están internas mantienen en las cárceles un nivel de intoxicación medicamentosa por drogas externas que se introducen por eso su comportamiento en picos de sierra. La cárcel pretende que estén muy bajos [de ánimo y energía] porque si no hay drogas en la cárcel la cárcel explota. Se producen palizas muy importantes». Sobre este punto Salhaketa denuncia que dichas palizas se producen «en lugares donde no hay cámaras, cuando debería haber cámaras en todas partes por donde se pueda mover un preso».
Un problema de raíz
Salhaketa denuncia el oscurantismo que hay dentro de las paredes de la cárcel. La jueza ha arrojado un poco de luz sobre el asunto. Y nos abre los ojos sobre lo que estamos haciendo con el sistema penitenciario. En muchos casos el motivo que les ha llevado a acabar en la cárcel es precisamente el de la adicción y los problemas mentales y lo que hacemos para solucionarlo es «meterles en un agujero» en vez de tratar de curar esos problemas, resocializarles y evitar que vuelvan a cometer cualquier tipo de delito.
«Una prisión humanizada no sería mediante este tipo de medidas». Según Guaresti, hay un porcentaje altísimo de personas con problemas de salud mental en la cárcel que «deberían estar en centros sanitarios de otro tipo».
El verdadero tratamiento que se hace de los presos es insuficiente. Como ejemplo los cursos en los que se trata de erradicar la violencia de género en aquellos internos por ese motivo Guaresti denuncia que se diseñan y ejecutan de manera anecdótica y además, muchas veces, el recluso los hace solamente para conseguir unos permisos posteriores. Pero luego, indica Guaresti, suceden cosas como el reciente caso de un hombre que después de 15 años internado en una cárcel por asesinar a su mujer al poco tiempo de salir ha vuelto a cometer un acto de violencia de género.
«No se entiende. ¿En 15 años no se ha podido resocializar o reinsertar a una persona? A ver si te coge una secta y en 4 días te da la vuelta a la cabeza… No se entiende que no se haya conseguido absolutamente nada en esos 15 años.. La cárcel es un castigo y no consigue resocializar a nadie. Es un castigo y como tal impide que haya posibilidades de resocialización»
