Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, ha reiterado hoy que es urgente que el ministro Escrivá convoque una reunión sectorial para tratar las políticas migratorias. «Más allá de situaciones concretas, como la que se está generando en Ceuta, el de la migración es un fenómeno estructural, que requiere de análisis y trabajo compartido».
«Los problemas políticos requieren soluciones políticas», ha reflexionado Artolazabal, cuestionada por los periodistas que han acudido a la rueda de prensa de presentación del proyecto Euskadiko Adinekoen Batzordea en Bilbao.
«La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, nos ha convocado a las comunidades autónomas a una reunión esta tarde para abordar la crisis humanitaria que se está viviendo en Ceuta. Euskadi siempre ha sido solidaria y esta vez también lo será», ha avanzado la Titular de Políticas Sociales del Gobierno Vasco. «Desde las políticas sociales recogemos lo que ya se convierte en problema, por eso reclamamos convocar la sectorial de políticas migratorias, porque entendemos que es necesario reflexionar, establecer un canal de comunicación y aportar una respuesta rápida, humana, proporcionada, sostenible y solidaria».
«Es posible organizar una posible respuesta para diferentes escenarios» ha incidido. En Euskadi, ayer mismo las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco ya mantuvieron ayer una primera reunión para avanzar en posibles respuestas que sean necesarias ofrecer ante la posible llegada de personas migrantes menores no acompañadas. Esta reunión interinstitucional se enmarca en el trabajo de colaboración que ya vienen desarrollando los diferentes organismos involucrados en la atención al colectivo de personas migrantes.
La consejera ha insistido asimismo en poner sobre la mesa la propuesta Share que el Gobierno Vasco realizó ya en 2015 y que establece unas pautas para repartir los flujos de personas migrantes en función de una serie de ratios. «Por ahora no hemos tenido conocimiento de ninguna otra propuesta ni por parte del Gobierno español ni de otras Comunidades Autónomas».
