El auto
María Servini de Cubría, magistrada del Juzgado Federal n.º 1 de Buenos Aires, ha emitido un auto de procesamiento contra Rodolfo Martín Villa por cuatro homicidios en el contexto de crímenes de lesa humanidad producidos el 3 de marzo 1976 y durante los San Fermines de 1978. En el auto Servini dicta prisión preventiva para el exministro y el embargo de sus bienes hasta la suma de 1.134.000.000 de pesos argentinos, al cambio de hoy 9.858.511,78 euros.
La jueza considera a Martín Villa responsable de los homicidios por ser el dirigente de la estructura de poder que dio las órdenes que resultaron en el homicidio de Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente en Vitoria-Gasteiz y Germán Rodríguez Saíz en Pamplona.
Rodolfo Martín Villa «ocupó una posición preponderante en esa estructura jerarquizada de poder a través de la cual se propagaron las órdenes hacia quienes resultaron los ejecutores directos de los delitos». Y va más allá: «para que el personal reprimiera las manifestaciones, reuniones, etc, de la manera que lo hacían, con la utilización sistemática de armas de fuego y sin que “les importara matar” o “seguir matando”, exigía que desde los estratos superiores de la estructura de poder se otorgaran todas la seguridades acerca de que las acciones que iban a desarrollar sin ninguna interferencia y consecuencia para ellos».
¿De qué crímenes se le acusa?
El auto considera a Martín Villa «autor penalmente responsable» de «al menos» cuatro homicidios:
Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente murieron asesinados durante la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, durante el ataque de la policía para desalojar a los participantes de una asamblea de trabajadores que estaba teniendo lugar en la iglesia de San Francisco de Asís en Vitoria. En la misma también fallecieron José Castillo García de 32 años, trabajador de Basa, una sociedad del Grupo Arregui y Bienvenido Pereda Moral de 30 años, trabajador de grupos Diferenciales, fallecieron posteriormente a consecuencia de los disparos recibidos.
Germán Rodríguez Saiz fue asesinado en Pamplona por un disparo en la cabeza de la policía en la Avenida Carlos III con la calle Roncesvalles de Iruña-Pamplona, después de que el cuerpo armado irrumpiera a tiros en la plaza de toros de la capital navarra donde cientos de personas desplegaban pancartas por la Amnistía de los condenados por el franquismo. La actuación policial dejó más de 150 heridos, 11 de ellos por heridas de bala y el fallecido, Germán Rodríguez.
¿Por qué no entrará en prisión?
En el mismo auto la jueza apunta que la prisión preventiva «no se hará efectiva, en virtud de la eximición de prisión dispuesta oportunamente por la Alzada». La eximición o exención de prisión preventiva la dictó la Cámara de Apelación argentina después del recurso de alzada que solicitaron los abogados de Martín Villa tras la solicitud de ingreso en prisión que Servini dictó en 2014 tras 4 años de investigaciones sobre los hechos.
Según dictaminó en 2017 la Cámara de Apelaciones, la solicitud de ingreso en prisión de Martín Villa -en ese momento- no estaba fundamentada y la petición de fianza para declarar en libertad -a consecuencia de lo anterior- era desproporcionada.
Sin embargo desde que se iniciara la causa Servini ha seguido requiriendo documentación y testimonios (incluido el del propio Martín Villa que testificó desde la embajada argentina de Madrid en 2020).
Con toda la información recabada hasta ahora la jueza ha considerado fundamentando emitir este auto de procesamiento de 970 páginas.
El dictamen está abierto a recurso. Varios medios apuntaban ayer (de fuentes cercanas a Martín Villa) que el acusado así lo hará en los próximos días.
¿Por qué se investiga desde Argentina los crímenes del franquismo ocurridos en España?
La Jueza Servini no decidió motu propio involucrarse en la justicia y reparación de los crímenes que cometió el franquismo en España durante el siglo XX. En 2010, un español residente en Argentina y una argentina descendiente de represaliados por la dictadura de Franco acudieron a la justicia argentina buscando la reparación de los crímenes que acabaron con la vida de varios de sus ascendientes.
Darío Rivas, hijo de Severino Rívas, fusilado en 1936 en Lugo, e Inés García Holgado, con dos tíos abuelos fusilados, un abuelo desaparecido y un tío que estuvo preso durante la dictadura.
Adriana Fernández, nieta de Antonio Fernández González, republicano por los falangistas en Castilla y León se sumó también a la denuncia.
En ese momento la justicia argentina puso en marcha la causa 4591/10 por delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad. La Jueza Servini es la encargada de instruirla.
Actualmente más de 400 personas se han unido a la reclamación, como partes reclamantes de justicia
¿Porqué no se le acusa del homicidio de José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral?
La causa no solo incluye los asesinatos de Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente y Germán Rodríguez Saiz . El auto de procesamiento resuelve «decretar el procesamiento de Rodolfo Martín Villa» por considerarlo «autor penalmente responsable del delito de homicidio» «en al menos 4 oportunidades» pero abarca muchos más crímenes.
Entre otros las otras dos muertes que se produjeron tras el 3 de marzo del 76 y también la muerte de Arturo Ruiz en 1988, los heridos durante la represión de la manifestación pro-amnistía de los sanfermines de 1978 y cinco muertes que se produjeron en 1977 durante la Semana Pro amnistía de mayo de aquel año.
En total Villa está siendo investigado por el homicidio de doce personas en los años en los que fuera Ministro de Relaciones Sindicales primero y Ministro del Interior después. Siendo el responsable de los cuerpos que cometieron los asesinatos: la Policía española, la Guardia Civil y también grupos paramilitares ultraderechistas que colaboraban con la policía o la Guardia Civil.
En el auto de Servini, la jueza solicita a varias administraciones españolas el aporte de documentación relacionada con diligencias penales y sumarios de los casos que se abrieron por la muerte de dichas personas. Todas las denuncias fueron sobreseídas de manera sistemática por la justicia española. Algo que según la jueza es indicativo de la responsabilidad de Martín Villa, por albergar en la estructura del estado una garantía de impunidad para los ejecutores de las órdenes de represión que acabaron con la vida de docenas de personas durante sus años de mandato.
