El Ayuntamiento ampliará las ayudas para poder pagar la factura de las calderas comunitarias de gas

Hasta la fecha han sido 545 familias las que la han solicitado. La ayuda varía entre los 90 y 120 euros.

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545 familias de Vitoria-Gasteiz han pedido ayuda al Ayuntamiento para poder pagar el gasto del incremento de tarifas energéticas de las calderas comunitarias de gas. El plazo para poder solicitarlas terminó el pasado viernes y el dato supera la previsión inicialmente marcada por el Ayuntamiento, por lo que se ampliará el presupuesto de la convocatoria para atender todas las peticiones que cumplan con los requisitos.

Según han informado en una nota, en estos momentos el departamento de Hacienda está llevando a cabo la clasificación y comprobación de las solicitudes para verificar que se ajustan a las condiciones marcadas. Las ayudas se destinan a calderas comunitarias de gas donde el consumo medio anual sea superior a los 50.000 kilovatios/hora, un gasto que deberán estar justificados con las correspondientes facturas. Se ha establecido una referencia de 90 euros de ayuda por vivienda, una cantidad que subirá a 120 euros si se trata de una vivienda social. Esta subvención será compatible con otras ayudas de la misma finalidad. Quedan excluidos de la línea de ayudas locales de negocio, lonjas y garajes.

La línea de ayudas a las calderas comunitarias de gas forma parte del Presupuesto Extraordinario 2022, donde uno de los ejes de acción es la adopción de medidas económicas de apoyo a familias y empresas ante la situación generada por el incremento de costes energéticos y la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Vamos a llegar a todas las familias que lo necesiten. Habíamos dotado esta convocatoria de ayudas con un millón de euros, pero, visto el volumen de peticiones, ampliaremos el presupuesto, lo que haga falta”, ha señalado el concejal de Hacienda, Iñaki Gurtubai. “Somos conscientes de que este apoyo económico no es la solución definitiva al impacto que está generando la subida del precio del gas en las calderas comunitarias que no pueden acogerse a la tarifa de último recurso, pero permitirá aliviar al menos parte de la presión que se ha generado sobre muchas comunidades vecinales”, ha añadido.

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