La nueva regulación era una patata caliente porque requiere de un delicado equilibrio: por imperativo de la normativa europea, debe reducir la tasa de temporalidad a un máximo del 8% (desde cotas que rondaban el 30%), pero a la administración le conviene hacerlo sin dejar en la estacada a los cientos de interinos que durante años han ligado contrato con contrato. En primer lugar, por su experiencia y conocimiento del puesto y sus funciones, pero también porque podrían plantear demandas judiciales por haber sido contratados durante años en fraude de ley.

Tuvisa esta semana ha llevado al Consejo de Administración la norma con la que se espera solucionar el espinoso asunto de los trabajadores y trabajadoras que llevan años, o décadas, encadenando contratos, y que ahora podrían quedar en el paro. Pero no a Tuvisa y a sus responsables les importa realmente muy poco sus empleados/as, donde hay personas con unas edades entre los 50 o 60 años y algunos con casi 20 años de experiencia en la empresa. Esto acarreara que muchos tengan serias dificultades para encajar ahora en el mercado de trabajo.

La Ley aprobada por el Gobierno Central, está abriendo procesos de estabilización para facilitar que obtengan una plaza, pero Tuvisa tal y como está haciendo ese proceso en mi opinión se está metiendo en un charco que va a suponer unos gastos de dinero público exagerado, pero bueno eso parece que a los responsables de nuestro Ayuntamiento se la trae al “pairo”, mientras en el propio Ayuntamiento han negociado una bases de consolidación donde esos trabajadores/as puedan continuar en su puesto, la Dirección de Tuvisa ha tratado el tema como si en lugar de estar en 2022 estaríamos entre los años “1939 a 1975”, o que esto fuera una “república bananera”, donde ordeno y mando.

En mi opinión y visto esto habría que denunciar la opacidad y la escasa sensibilidad negociadora de la empresa, que introdujo modificaciones sustanciales al principio de acuerdo alcanzado con los sindicatos sin avisarles previamente, esgrimiendo que un informe del Ayuntamiento le permite hacer lo que le dé la “gana”.

“Hay gente que lleva 20 años y se pueden ir a la calle”

Más que estabilizar, están pensando en cómo hacer despidos encubiertos y de forma masiva. Hay gente que lleva 30 años esperando la estabilización y ahora va a la calle”. Entiendo que se busca estabilizar las plazas, pero no a los trabajadores/as que las ocupaban y más con todos los problemas que han tenido este último año para hacer contrataciones, “mendigando” conductores/as en muchas empresas y esos son los puestos que deberían de estabilizar y no los ya cubiertos, pero claro eso no les interesa porque quiere de disponer de personal que les diga “ si mi amo/a”, pero la empresa tiene unas necesidades gravísimas, que no solucionan las convocatorias ni ordinarias ni extraordinarias.

Hay que admitir que con estos procesos quedarán fuera de la empresa personal con “gran experiencia profesional”, y por eso la norma recién aprobada tiene una segunda pata: prevé qué hacer con aquellos que no logren plaza después de pasar por este proceso extraordinario de estabilización. Así, si han obtenido una puntuación “suficiente” entrarán en una bolsa de prioritaria, que estará vigente hasta que se convoque una nueva oferta de empleo, como mucho, en teoría, hasta el 31 de diciembre de 2024.

Así no estabilizas a nadie. El espíritu era dar estabilidad a esa gente, y está siendo lo contrario, los va a echar a la calle teniendo posibilidades de adaptarla, para ello solo hay que ver cómo valoran los méritos en otras Sociedades del Ayuntamiento

• Experiencia profesional, valorada con una puntuación máxima de 75 puntos:
  • De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia general referida en el apartado siguiente, por servicios prestados en la sociedad municipal como personal laboral en la plaza convocada, hasta un máximo de 45 puntos, a razón de 0,00822 puntos por día de contrato (15 años).
• Haber superado un proceso selectivo anterior para la categoría a la que se opta en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: máximo 25 puntos.

Cuando los lectores y lectoras vean las bases de Tuvisa podrán comparar y ver lo puesto anteriormente es la “cruda” realidad, y que intentan estabilizar a unos/as desestabilizando a otros/as.

Y si todo esto ya está lleno de entresijos, vamos con las particularidades de Tuvisa:

• Hay que recordar que según la sentencia del Tribunal Supremo, está calificada como empresa privada con capital público y no es una Administración.
• Según sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de hace menos de un mes, muchos de los contratos que tienen algunos conductores y conductoras son ilegales, obligando a la empresa a darle la plaza al trabajador demandante.

Mis preguntas son las siguientes, ¿qué más tienen que hacer para que el Ayuntamiento tome una decisión sobre la gestión en Tuvisa? ¿O es que cuentan con el beneplácito del Ayuntamiento? Aunque también sean las órdenes que reciben por parte de los mandamases”.

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