La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al supermercado Eroski a indemnizar con 30.000 euros a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por vulnerar su derecho a la intimidad y la protección de datos. Según el auto, Eroski incumplió la legalidad al «no custodiar de forma adecuada» el vídeo en el que aparecía Cifuentes introduciendo productos cosméticos en su bolso en uno de sus establecimientos. Los magistrados sostienen que el supermercado debería haber destruido las imágenes a los 30 días de su grabación, ya que es responsable del sistema de videovigilancia.
Los hechos ocurrieron el 4 de mayo de 2011, cuando Cifuentes introdujo varias cremas en su bolso sin abonar su precio, siendo pillada por el personal de seguridad y teniendo que ser conducida a las dependencias del supermercado para «comprobar dicho comportamiento». El video fue grabado en ese momento, pero no fue hasta el 2018 cuando se filtraron las imágenes, acelerando su salida de la política, ya que ya estaba en el disparadero con el caso Máster.
Este video, publicado por ‘Okdiario’, fue el detonante de una serie de acontecimientos que obligaron a Cifuentes a dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid en un momento en el que se cuestionaba la legalidad del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 2011-2012, un caso del que resultó absuelta por la Justicia.
En un principio, se propuso una sanción de la Agencia de Protección de Datos contra Eroski de 150.000 euros. Sin embargo, la multa fue anulada por la Audiencia Nacional. Posteriormente, la propia expresidenta del gobierno regional de Madrid reclamó 450.000 euros a Eroski por vulnerar su derecho al honor al no conservar convenientemente las imágenes.
Ante esta decisión, Eroski ha anunciado que recurrirá la decisión ante la Audiencia Nacional, y alega que cumplió con las normas legales en vigor en ese momento y que las imágenes fueron filtradas por un empleado. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha considerado que la empresa es responsable de la custodia de las imágenes grabadas por sus sistemas de videovigilancia, y ha impuesto la indemnización a Cifuentes.