El Supremo confirma las condenas por el «caso De Miguel», el mayor escándalo de corrupción de Euskadi vinculado al PNV

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Álava por corrupción a integrantes del Partido Nacionalista Vasco, incluyendo los miembros del «Araba Buru Batzar» Alfredo De Miguel Aguirre, Luis Felipe Ochandiano Credilla y Carlos Aitor Tellería Lambarri con penas de 12 años y 4 meses de cárcel, 7 años y 6 meses de cárcel y 5 años y 1 mes de cárcel respectivamente.

El Tribunal Supremo también ha condenado a las esposas de los acusados, Ainhoa Bilbao Lasa e Iratxe Gaztelu-Urrutia Sánchez, por los delitos de blanqueo de capitales y cooperación en una asociación ilícita, imponiendo penas de 1 año y 6 meses de prisión y multas de 180.000 euros.

Los tres principales acusados, Alfredo De Miguel, Luis Felipe Ochandiano y Carlos Aitor Tellería, utilizaron dos sociedades, Errexal SL y Ortzi Muga SL, para cometer delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad en documento mercantil y asociación ilícita. Además, se les acusa de tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Estos delitos se relacionan con contratos administrativos que fueron otorgados a estas sociedades por diferentes organismos públicos regidos por miembros del Partido Nacionalista Vasco. Los acusados utilizaron su influencia política para obtener beneficios y para que se les adjudicara los contratos sin cumplir con el procedimiento administrativo. Los acusados han sido condenados a penas de prisión y multa.

La sentencia condena a varios responsables por favorecer a los acusados en expedientes tramitados desde posiciones estratégicas. En particular, se condena al gerente del Parque Tecnológico de Álava, Alfonso Carlos Arriola Lacruz, a 4 años de inhabilitación por cooperación a prevaricación administrativa; al Director de Juventud y Acción Comunitaria del Gobierno Vasco, Francisco Javier Sánchez Robles, a prisión por más de 7 años por diversos delitos, incluyendo prevaricación, integración activa en una asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

También se condena a la ex-alcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo Ocio, a 9 años de inhabilitación para cargo público por prevaricación continuada. Por último, también se condena a algunos empresarios que impulsaron y se beneficiaron de la actuación ilícita.

La decisión emitida por el juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, D. Pablo Llarena Conde, ha absuelto a varias personas, incluyendo a Alfredo De Miguel, Carlos Aitor Tellería, Iñaki San Juan y Alfonso Arriola, de algunas acusaciones por las que habían sido condenadas por la Audiencia Provincial alavesa.

Asimismo, ha absuelto completamente a Julián Andrés Sánchez Alegría, presidente de los Parques Tecnológico del País Vasco, de todos los cargos debido a la falta de pruebas suficientes que indicaran que él conocía las irregularidades en las que incurrieron los procesos que llevaron a la adjudicación de contratos a Urbanorma y Studio Técnico de Obras y Arquitectura SL. Por otro lado, también ha absuelto a Jon Iñaki Echaburu de los cargos de soborno y asociación ilegal por los que inicialmente había sido condenado.