OPINIÓN | Mientras los autobuses se caen a pedazos por ser tan viejos y no renovarse, hay paradas sin marquesinas y paneles que muchas veces están fuera de servicio. Además, las máquinas de cobro adquiridas son de mala calidad y baratas, y a veces cobran más de una vez si no estás atento. Existe una falta de información para los viajeros y podría seguir mencionando muchos otros problemas.

Por lo tanto, creo que es hora de que la opinión pública sepa acerca del derroche que Tuvisa comete en la gestión del tema de la Justicia Laboral, y trataré de explicar a qué me refiero.

Cualquier derecho de los trabajadores y trabajadoras que se tenga por convenio colectivo y que te nieguen, te obliga a acudir a los tribunales. Hay cerca de 20 sentencias por fraude en la contratación. A algunos la empresa les ha pagado una buena indemnización, mientras que a otros les ha hecho contrato indefinido no fijo, pagando los salarios de tramitación (otra cantidad importante de dinero). Todas estas sentencias se han ganado en los Juzgados de lo Social de Vitoria-Gasteiz. Algunos trabajadores han presentado recurso en el Tribunal Superior, lo que cuesta unos euritos hacer.

Un trabajador ganó su sentencia aquí en Vitoria-Gasteiz por la misma razón: fraude en la contratación. La empresa, a pesar de que ya tenía varias sentencias perdidas por lo mismo, recurrió al Tribunal Superior del País Vasco que, de nuevo, le dio la razón al trabajador. Pero no importa, hay que recurrir al Supremo para que salga un poco más caro. Pues bien, el Supremo ha dicho que no admiten a trámite ese recurso, pero eso sí, condenan a la empresa a pagar unas costas.

Tienen la costumbre de judicializar todo por si «suena la flauta», llegando a un extremo exagerado. Por ejemplo, el otro día recibí una llamada de un despacho de abogados no laboralistas para ver si tenía localizada una sentencia concreta, y me comentaron que en el registro del Juzgado habían encontrado más de 100 sentencias. Se nota que los abogados que defienden todos los pleitos de Tuvisa los pone el Ayuntamiento y los pagamos con nuestros impuestos.

Si te corresponde una licencia, por ejemplo, por ingreso de un familiar, primero te la niegan. Entonces, hay que acudir al Juzgado, y si encima la empresa pierde, venga a recurrir que hasta ahora no ha costado mucha plata y hay que gastar más. Si te niegan un plus, de nuevo hay que visitar las instalaciones en la Avenida de Gasteiz, 18. Luego, si pierden, hay que soltar una cantidad importante de dinero, aunque eso sí, ni sueñes con que te lo pagarán pronto.

El Tribunal de Cuentas y las auditorías deberían ser más rigurosos y exigir que los gestores de fondos públicos cumplan con sus obligaciones de buena gestión. Deben exigir las responsabilidades contables necesarias mediante la correspondiente demanda de alcance, así como las sanciones disciplinarias y administrativas que correspondan.

Si bien puede ser difícil demostrar la malversación en algunos casos de mala gestión de los fondos públicos, estos comportamientos pueden considerarse prevaricación administrativa. Los gastos públicos desproporcionados y sin utilidad social que generan una deuda para el Ayuntamiento u otros Entes de esta naturaleza pueden suponer una merma para el bienestar de los ciudadanos/as. La responsabilidad penal de los partidos políticos del Consejo de Administración también debería ser considerada, ya que si estos pudieran ser declarados responsables subsidiarios de sus miembros cuando estos ejercen funciones públicas con gestión de fondos públicos irregularmente, se lograría una gestión más cuidadosa.

Por lo tanto, es necesario que los partidos políticos ejerzan una mayor vigilancia desde dentro de sus propias filas para evitar situaciones como las descritas anteriormente. Esto redundaría en un menor derroche y despilfarro de los fondos públicos, lo que beneficiaría al colectivo de los políticos y contribuiría a lograr el bien común.

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