La clínica Askabide de Vitoria ha pedido al Gobierno Vasco que tome más medidas para evitar los acosos por parte de los antiabortistas delante de su consulta. Según lo informado, el primer juicio por coacciones presentado por este centro está programado para comenzar próximamente y la clínica ha pedido al Gobierno Vasco que se una como acusación.
Las nuevas concentraciones antiabortistas están previstas a partir del 22 de febrero y la clínica ha solicitado a la Ertzaintza un perímetro de seguridad.
Aunque la mayoría de los concentrados tienen una orden de alejamiento, la asociación 40 días por la vida está solicitando voluntarios para sortear el veto y concentrarse de todos modos.
La clínica argumenta que es parte de la responsabilidad del Gobierno Vasco proteger a sus pacientes y personal, ya que la mayoría de los abortos que se realizan en la clínica son derivados por Osakidetza.
«Nos encontramos como únicos defensores»
Igor Elberdin, director de Askabide Vitoria, en declaraciones recogidas por SER Vitoria, ha afirmado que: «Nos encontramos como únicos defensores y necesitamos ayuda. Solicitamos al Gobierno Vasco que actúe como acusación particular junto a nosotros, para garantizar que se cumpla la ley y proteger a las personas que son derivadas del sistema sanitario público en un 99%. Estas personas no son pacientes privados y es responsabilidad del Gobierno Vasco velar por ellos».
En octubre, Askabide denunció las manifestaciones antiabortistas que se estaban llevando a cabo frente a su centro. La clínica presentó un escrito en los juzgados de Vitoria solicitando la adopción de medidas cautelares para proteger el centro y a las mujeres que acuden allí.
Como resultado, el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria prohibió a los contrabortistas acercarse a menos de 100 metros de la clínica. La prohibición incluía a miembros de la asociación católica «40 días por la vida». Si incumplían esta prohibición, podrían enfrentar medidas cautelares más restrictivas, incluso la prisión provisional.
