La medida anunciada por el Gobierno vasco de un cheque de 200 euros mensuales por hijo hasta los 3 años, y que se extiende con 100 euros hasta los 7 años si es el tercer vástago, ha generado cierta controversia debido a que es universal y no atiende a los niveles de renta de las familias beneficiarias. Esto significa que, aunque se trate de una ayuda para combatir el problema demográfico en Euskadi, las rentas altas también se beneficiarán de ella.

Esta medida fue anunciada por Beatriz Artolazabal, la actual candidata del PNV al Ayuntamiento de Vitoria, que entonces ocupaba el cargo de consejera de Políticas Sociales en el Gobierno Vasco. 

Este hecho ha generado críticas por parte de algunos sectores, que consideran que se debería haber establecido un criterio de renta para garantizar que la ayuda llega a las familias que realmente la necesitan. Sin embargo, desde el Gobierno vasco se defiende que la medida es necesaria para incentivar la natalidad en la región y para evitar la discriminación de las familias con menos recursos.

La medida ha sido calificada como la ‘medida estrella’ del plan del Gobierno vasco para combatir el problema demográfico en la región, y se enmarca dentro de una batería de ayudas y subvenciones destinadas a la conciliación y al cuidado de los hijos. Estas ayudas sí que atienden a los ingresos de las familias solicitantes, y se aplican una renta familiar estandarizada (RFE) que pondera los ingresos de cada hogar en función del número de personas que lo componen.

A pesar de las críticas, desde el Gobierno vasco se ha asegurado que la medida se mantendrá invariable y que no se establecerá un criterio de renta para su acceso. Según fuentes del Ejecutivo, la medida es una apuesta por la igualdad y por la protección de las familias, y se enmarca dentro de una estrategia global para combatir el problema demográfico en la región. En cualquier caso, la medida ha reabierto el debate sobre cómo articular las ayudas a las familias con hijos en un momento en el que la falta de relevo generacional para el mercado laboral y de pensiones se hace insostenible.