El informe de incidentes de odio de Euskadi en 2022, elaborado por la Ertzaintza, muestra un aumento exponencial de los delitos de odio en comparación con el primer año que se realizó este informe en 2016. El informe registró un total de 438 incidentes, de los cuales 435 (99,3%) son delitos de odio y 3 (0,68%) infracciones administrativas de odio. El número de delitos ha crecido sobre todo entre el año 2021 y el 2022, lo que se atribuye a una mayor conciencia y menor tolerancia social, mayor eficacia policial, y una evolución legislativa.
El informe revela que en 2022, la Ertzaintza detuvo a 44 personas e imputó a 246 por cometer delitos de odio. Además, el 74% (182 personas) de las personas puestas a disposición judicial por la Ertzaintza tras cometer un delito de odio tienen nacionalidad española, siendo el 81,3% originarias de Euskadi. El 42,8% de ellos reside en Bizkaia, el 28% en Gipuzkoa y el 10,4% en Araba. El 76,8% son hombres y el 67,4% tienen entre 18 y 50 años.
En cuanto a la distribución geográfica de los delitos de odio, Bizkaia aglutina la mayoría de los delitos de odio (56,09%), y las capitales de los territorios históricos: Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián son las ciudades con más delitos registrados. El lugar donde más delitos de odio se cometen es la vía pública urbana (43,45%), seguido por la vivienda (15,17%).
En cuanto a la distribución temporal, la mayor parte de los incidentes tienen lugar los martes, viernes, sábados y domingos, concentrándose durante la tarde-noche (60,69%). El informe también destaca que la mayoría de las personas imputadas son hombres jóvenes de entre 18 y 29 años y 30-39 años.
Para el coordinador de Ikusgune Vitoria-Gasteiz, Amets Martínez de Heredia, estos datos «vienen un poco a línea en la que en los observatorios venimos denunciando en los últimos años. El conocimiento de la violencia contra las personas LGTBI va en aumento y esto en sí es un dato bueno, en la medida en la que cada vez conocemos más sobre lo que ocurre».
Sin embargo, también constata «la existencia de una realidad de discriminación y de violencia contra las personas LGTBI y esto también necesita de políticas que puedan abordar esas realidades».
«Desde nuestro punto de vista, valoramos muy positivamente el hecho de conocer los datos, pero también creemos que al abordar las políticas necesarias para prevenir ciertas situaciones, el objetivo final no debería ser solo presentar denuncias, sino también evitar que se produzcan tales situaciones. Por lo tanto, consideramos que el objetivo final siempre debe ser desarrollar políticas LGTBI que cuenten con la participación activa de los propios colectivos LGTBI, algo que valoramos mucho.»
