OPINIÓN | Hace unos seis meses, la Asociación Eginaren Eginez lanzó una campaña de concienciación para prevenir el mal uso de la tarjeta de estacionamiento.

En primer lugar, cabe recordar que esta tarjeta es personal, es decir, no está asociada a una matrícula de ningún coche, sino que es nominativa, por lo que lleva en el reverso los datos y la fotografía de la persona beneficiaria. Estas plazas reservadas están destinadas a los vehículos que transportan a personas con movilidad reducida o que conducen personas que, debido a su patología, no pueden conducir. Sin embargo, muchas personas que habitualmente ayudan a transportar a estas personas guardan esta tarjeta en su coche, aunque en mi opinión, la tarjeta debería ser portada por la persona beneficiaria y no permanecer en los vehículos.

Muchos usuarios, muchos más de los que creemos, la utilizan para aparcar incluso cuando no transportan a personas con movilidad reducida. Por lo tanto, la asociación afirma que estas personas están cometiendo una irregularidad: «Si la persona titular de la autorización no va a acceder o a descender del vehículo, la tarjeta de estacionamiento no le da derecho a aparcar aquí». Estas plazas solo dan derecho a estacionar a las personas con movilidad reducida autorizadas.

Yo personalmente he podido comprobar cómo hay personas cuya pareja es la beneficiaria de una tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, y ellos utilizan el coche para acudir a su trabajo, aparcando donde les parece conveniente y causando problemas para quienes realmente necesitan hacer uso de esa tarjeta. Esto impide que el colectivo de personas con diversidad funcional puedan disfrutar de una vida independiente y autónoma, al menos en nuestra ciudad. Es un acto de egoísmo puro y duro.

Para resolver este problema, sería necesario solicitar a la Policía Local que controle con mayor eficacia el uso de estas tarjetas. En caso de que el conductor del vehículo no esté acompañado por la persona titular de la tarjeta, no debería poder aparcar en los lugares reservados para personas con movilidad reducida utilizando esa tarjeta. El uso fraudulento de estas tarjetas es sancionable y está penalizado por el Código Penal, tanto si se utiliza indebidamente como si se falsifica. Las consecuencias pueden incluir una pena de prisión de entre 6 meses y 3 años, además de una multa económica de entre 6 y 12 meses.

Es importante tener en cuenta que la reserva de los espacios de aparcamiento para personas con movilidad reducida y la autorización otorgada para su uso no están vinculadas a un vehículo en particular, sino que son personales y se aplican al vehículo en el que en cada momento se transporte a la persona titular de la tarjeta. Si la persona no viaja en el vehículo, la autorización no tiene validez.

Hasta hace poco tiempo, los titulares de estas autorizaciones podían ser sancionados si hacían uso de ellas en localidades distintas a la de su residencia habitual, pero esto cambió con la entrada en vigor del Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, que estableció la validez en todo el territorio nacional de la tarjeta de estacionamiento expedida por cualquier municipio.

Hoy en día, cualquier tarjeta de estacionamiento emitida por una entidad local tiene efectos en cualquier otro municipio de España e incluso fuera de nuestras fronteras, siempre y cuando se haya seguido la Recomendación del Consejo de la Unión Europea. En caso de que un agente lo requiera, el titular deberá acreditar ser la persona autorizada mediante su D.N.I., Número de Identificación Fiscal, tarjeta de residencia o cualquier otro documento oficial identificativo.

Imaginemos que un coche se detiene junto a un aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida. Lo sobrepasa ligeramente, enciende las luces traseras de marcha atrás y comienza a maniobrar hasta que el vehículo queda estacionado en la plaza delimitada. El conductor apaga el motor, coloca en el salpicadero una tarjeta para discapacitados y se baja del coche con total normalidad. Cierra la puerta y se va caminando tranquilamente sin ninguna dificultad. Seguramente muchos de ustedes han sido testigos de esta escena. Este comportamiento podría parecer pícaro, inocente, hasta travieso, pero causa serios perjuicios a las personas que realmente necesitan estos estacionamientos. Además, pocos saben que puede ser un delito que conlleva pena de cárcel. Los jueces se están tomando esta problemática en serio, y las sentencias están avalando un cambio de actitud.

Un agente experto en la materia explica que esta decisión ha hecho que «la mal llamada utilización indebida, que se sancionaba administrativamente», se convierta en un delito penal. Esto afecta directamente a las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Algunos familiares las utilizan para estacionar fácilmente, otros las fotocopian y las ponen a su nombre, y algunos incluso las usan después de que el titular ha fallecido.

Hablando de egoísmo, el otro día, mientras echaba un vistazo a las redes sociales, me encontré con un comentario que decía lo siguiente: “Me parece bien que haya reservas de plazas para personas con discapacidad, pero deberían pagar por ello, ya que cada plaza eliminada es una menos disponible para el resto de conductores que también tienen derecho a los espacios públicos. Si quieren una plaza, que la paguen. La solidaridad está bien, pero no a costa de los demás. Es como si alguien reserva un espacio en un garaje y lo paga. Además, en el lugar donde vivo, hay 38 plazas reservadas para personas con discapacidad en solo dos manzanas, lo cual es un desastre y todo porque hay dependencias municipales. Deberían habilitar un aparcamiento específico para los funcionarios con discapacidad».

En primer lugar, es importante señalar que estas plazas no son para «minusválidos», sino para personas con discapacidad o movilidad reducida. En segundo lugar, espero que la persona que hizo este comentario egoísta nunca necesite utilizar una plaza de este tipo, ya que se daría cuenta de lo importante que es para las personas con discapacidad tener acceso a estas plazas. Es probable que aquellas personas que tienen derecho a utilizar estas plazas preferirían no necesitarlas y poder llevar una vida normal y sin barreras.

Hoy, en mi calle, hay dos plazas reservadas para personas con discapacidad, pero están ocupadas por vehículos que no tienen la correspondiente tarjeta. Es importante que respetemos estas plazas y las dejemos libres para las personas que realmente las necesitan.

Por último, quiero señalar que nadie está libre de tener una discapacidad o una reducción de movilidad en algún momento de su vida. Hasta hace seis meses, yo podía realizar cualquier actividad como cualquier otra persona, pero de repente mi movilidad se redujo al grado 7. Por eso, es importante tener empatía y comprensión hacia las personas con discapacidad y hacer todo lo posible para ayudarles a tener una vida más fácil y accesible