El Gobierno Vasco presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley estatal de vivienda. Argumenta que el Gobierno central está invadiendo las competencias de Euskadi en asuntos relacionados con vivienda. El recurso abarca 7 artículos, una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales de la ley.
La decisión de impugnar la Ley de vivienda la ha tomado el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, liderado por Olatz Garamendi del partido político PNV (Partido Nacionalista Vasco), en contra de la opinión del consejero de vivienda vasco, Iñaki Arriola, que pertenece al partido político PSE-EE (Partido Socialista de Euskadi – Euskadiko Ezkerra).
El Departamento de Garamendi argumenta que un informe jurídico demuestra que la nueva ley estatal se entromete en aspectos que no están regulados en la legislación vasca, pero que son competencia de Euskadi. Sostienen que esta intromisión impide que puedan desarrollar sus propias políticas de vivienda y crea incertidumbre jurídica en la aplicación de las normas. Específicamente, se refieren a la imposición de ciertas medidas y medios para tratar asuntos relacionados con la vivienda que son exclusivamente competencia de la comunidad autónoma.
El Departamento dirigido por la consejera Olatz Garamendi afirma que el Estado está interviniendo en aspectos que no le corresponden y que son de la competencia exclusiva de la comunidad autónoma. El Gobierno Vasco desea ser el único responsable de definir la función social de la vivienda y de regular detalladamente las acciones públicas para promover la vivienda y la política de acceso a la misma. En su opinión, esto deja a la Comunidad Autónoma Vasca relegada a ser simplemente un ejecutor de las políticas dictadas por el Estado, lo que vacía por completo su competencia normativa en materia de vivienda.
Ley vasca de vivienda
Garamendi señala que el informe jurídico indica que el Estado ha aprobado una ley sobre el derecho a la vivienda que coincide en gran medida con la regulación ya existente en la Ley Vasca 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda. La ley vasca fue validada por el Tribunal Constitucional, confirmando la competencia de Euskadi para aprobar su propia legislación.
Sin embargo, la norma estatal establece reservas de suelo para viviendas de protección oficial (VPO) en un alto porcentaje, lo que vulnera la jurisprudencia constitucional. Además, hay una contradicción entre las leyes, ya que la norma estatal requiere que las cesiones de suelo sin cargas de urbanización se destinen exclusivamente a viviendas sociales, mientras que la ley vasca permite otros usos. Esto limita la capacidad de decisión de Euskadi en sus políticas exclusivas.
En cuanto a las zonas de mercado residencial tensionado, la regulación estatal ocupa el espacio que correspondería al desarrollo de la normativa vasca, negando la posibilidad de que Euskadi establezca su propio modelo en esta materia y reservándose funciones ejecutivas.
El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno sostiene que el Estado está negando a la sociedad vasca la posibilidad de decidir su propio modelo de política de vivienda a través de sus representantes democráticamente elegidos. Considera que esta estrategia recentralizadora ignora las diferentes realidades y gestiones en el ámbito de la vivienda, especialmente en comparación con otras comunidades autónomas.
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