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Nueva crisis entre los Bomberos de Vitoria y el Ayuntamiento con denuncia incluida

El colectivo de bomberos exige que se destinen íntegramente los fondos recaudados de los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz a mejoras en el parque de bomberos.

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Los bomberos de Vitoria-Gasteiz han iniciado una batalla legal contra el Ayuntamiento, exigiendo la inversión adecuada de más de 4.6 millones de euros en el servicio de extinción de incendios y salvamento. Esta decisión surge tras la falta de respuesta del gobierno municipal a las reiteradas solicitudes del colectivo para mejorar las condiciones de trabajo y la gestión de los fondos obtenidos a través de UNESPA. El operativo de los bomberos de Vitoria está compuesto por 115 personas entre bomberos, cabos y suboficiales divididos en seis turnos.

Según denuncian, durante años, el servicio de bomberos ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo el uso de vehículos obsoletos y la falta de inversión necesaria en el parque de bomberos. A pesar de los ingresos anuales de más de un millón de euros destinados a estas mejoras, el Ayuntamiento ha desviado estos fondos, incumpliendo la Ley de Haciendas Locales. En respuesta, los bomberos se han visto obligados a financiar de su bolsillo las acciones legales necesarias para buscar una solución.

El colectivo de bomberos exige que se destinen íntegramente los fondos recaudados de los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz a mejoras en el parque de bomberos. La demanda presentada reclama la inversión de 4.6 millones de euros acumulados en los últimos años y un millón de euros adicionales cada año subsiguiente. La gestión de los fondos UNESPA, que deberían ser utilizados específicamente para inversiones en el parque, es uno de los principales puntos de disputa.

Con la admisión de la demanda por parte de la justicia, se establece un precedente importante en la gestión de fondos públicos. Se espera una decisión judicial en el primer semestre de 2024, y el colectivo de bomberos mantiene la esperanza de un fallo favorable. Este caso pone de relieve la necesidad de una gestión transparente y conforme a la ley en el uso de fondos públicos, especialmente en servicios esenciales como el de extinción de incendios.

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