En enero de 2019, el gobierno municipal implementó un plan de acción para controlar la población de jabalíes en Salburua. En aquel momento, se decidió optar por la caza con arco como método principal, considerando inapropiado el uso de armas de fuego en una zona protegida y próxima a viviendas. Este plan, según se afirmó, no incurriría en costes adicionales para el Ayuntamiento. Ahora, cinco años después, el Ayuntamiento sigue matando dichos animales pero sacrificándolos con armas de fuego.

Óscar Fernández, de Elkarrekin, ha criticado al concejal de Medio Ambiente, Pascual Borja, por lo que considera una «incoherencia inaudita» en la gestión del plan. Según Fernández, el Ayuntamiento se contradice al permitir el uso de armas de fuego para el sacrificio de jabalíes atrapados en jaulas trampa, apartándose del plan original que contemplaba exclusivamente la caza con arco. Además, ha señalado un incremento en los costes por contratos de 10.890 euros en 2022 y 12.100 euros en 2023, aumentando a 17.500 euros para 2024. Esta subida de presupuesto ha sido un punto de discusión entre ambos, ya que contradice la promesa inicial de que el plan no supondría un gasto adicional para el Ayuntamiento.

Fernández también ha puesto en duda la eficacia del programa, mencionando que, a pesar de las acciones tomadas, solo se ha logrado una reducción del 8% en la población de jabalíes. Ha argumentado sobre la necesidad de un estudio cinegético más profundo que analice la situación de estas especies en todo el territorio y ha propuesto explorar alternativas más sostenibles, como las implementadas en Catalunya o Bizkaia, que incluyen delimitación de zonas mediante recursos olfativos y barreras físicas para prevenir daños a especies protegidas en áreas verdes.

Por su parte, el concejal Pascual Borja ha defendido la estrategia del Ayuntamiento, enfatizando que el control de población de jabalíes es una acción necesaria y no una actividad de caza con fines recreativos. Borja ha argumentado que los jabalíes sobredimensionados causan problemas económicos significativos, como daños a infraestructuras y riesgos para la fauna local. Ha subrayado que la reducción de la población de jabalíes es esencial para prevenir estos problemas. En 2023, el número de jabalíes abatidos ascendió a 34, con 18 machos y 16 hembras, y todos capturados mediante jaulas trampas y sacrificados con armas de fuego.

Borja ha destacado que la estrategia actual está dando resultados satisfactorios, con un seguimiento de la población de jabalíes mediante cámaras de foto trampeo que ha mostrado una disminución del 8,58% en el índice de abundancia de estos animales. Además, ha mencionado que el Ayuntamiento está estudiando soluciones a largo plazo, incluyendo una vacuna anticonceptiva, aún pendiente de aprobación por la Agencia Española del Medicamento, que podría ser una alternativa efectiva para controlar la población de jabalíes a largo plazo.

El intercambio entre Fernández y Borja resalta la tensión existente en el debate sobre la gestión de la fauna urbana y las diferentes perspectivas sobre las prácticas óptimas para el control de especies como el jabalí en entornos urbanos. Mientras que Fernández aboga por métodos alternativos que considera más sostenibles y menos costosos, Borja insiste en la eficacia del enfoque actual del Ayuntamiento, enfocándose en la reducción inmediata de la población de jabalíes para mitigar los problemas que generan.

Fernández también cuestiona la justificación del incremento presupuestario, argumentando que el Ayuntamiento debería explorar otras opciones antes de recurrir a métodos que implican un mayor gasto. Mientras tanto, Borja defiende el aumento del presupuesto, explicando que la incidencia de la acción de control se ha incrementado, lo que justifica el costo adicional.

El debate también ha tocado el tema de la percepción pública y la terminología utilizada. Fernández critica el uso de la palabra «sacrificio» en los contratos del Ayuntamiento, sugiriendo que esto contradice la afirmación de Borja de que el Ayuntamiento no está cazando jabalíes sino controlando su población. Borja, en respuesta, reitera que el término «caza» implica un fin recreativo, que no es el caso del plan de control del ayuntamiento, el cual tiene un enfoque puramente de gestión de fauna.