Crisis en Ibarguren con conflictos severos de convivencia y gestión administrativa

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En una comparecencia celebrada la pasada semana ante la Comisión de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio de las Juntas Generales de Álava ha arrojado luz sobre una profunda crisis en Ibarguren. La alcaldesa de Asparrena, Txelo Auzmendi, acompañada por la presidenta de la junta administrativa de Andoin y un vecino de Ibarguren, han delineado un escenario alarmante, con denuncias de acoso, mal manejo de recursos públicos y una convivencia social extremadamente tensa.

La alcaldesa Auzmendi describió una situación grave en Ibarguren, enfatizando el alto volumen de multas, denuncias y recursos legales, lo que sugiere un ambiente de acoso en este pequeño pueblo de 16 empadronados. Auzmendi señaló que estos problemas son consecuencia directa de las acciones y la gestión de la junta administrativa local. Habló sobre dos temas críticos: el alumbrado y el agua.

Con respecto al alumbrado público, se explicó que Ibarguren abandonó un convenio con el Ayuntamiento en 2016, optando por un sistema fotovoltaico independiente compuesto con baterías. A pesar de las advertencias de no desvincularse completamente de la red eléctrica, el Concejo tomó la decisión de hacerlo, a pesar de arriesgarse a quedarse sin luz, lo cual parece ser lo que ha ocurrido, culpando en la actualidad al Ayuntamiento de Asparrena por lo sucedido.

Auzmendi también cuestionó la gestión financiera y técnica de este cambio, especialmente porque el Ayuntamiento había contribuido financieramente al sistema fotovoltaico. Resaltó la falta de claridad en el uso de los fondos destinados al alumbrado desde entonces.

En el caso del suministro de agua, Auzmendi destacó desigualdades en el cobro del servicio en Ibarguren en comparación con otros concejos. Mencionó la existencia de una ordenanza de agua en Ibarguren, pero señaló anomalías en la lectura de contadores y un cobro uniforme a todas las viviendas, sin tener en cuenta el consumo real o instalaciones como agroturismos o piscinas.

Un vecino de Ibarguren compartió su experiencia personal de miedo a represalias y un ambiente hostil. Relató cómo ha sido objeto de denuncias excesivas y un constante hostigamiento, incluyendo daños a su propiedad y un entorno hostil, donde se siente acosado incluso por la presencia de perros.

Por otro lado, la presidenta de la junta administrativa de Andoin presentó un contraste en la gestión y convivencia en su concejo en comparación con Ibarguren, destacando una cooperación más fluida con el Ayuntamiento en servicios como el agua y el alumbrado. Sin embargo, mencionó dificultades específicas con Ibarguren, incluyendo desacuerdos sobre límites territoriales y problemas en la gestión de recursos naturales compartidos.

Específicamente, se refirió a desafíos en la demarcación de límites territoriales, la gestión compartida de recursos naturales y montes, y tensiones en la renovación de acuerdos de caza. Resaltó la imposibilidad de llegar a un entendimiento con el presidente de la Junta Administrativa de Ibarguren, lo que complica aún más las relaciones entre concejos.

La alcaldesa de Andoin también habló sobre la gestión de los montes comuneros, compartidos entre varios pueblos, incluido Ibarguren. Detalló las dificultades en la gestión conjunta de estos recursos debido a la falta de acuerdos claros sobre los límites y porcentajes correspondientes a cada pueblo, lo que impide una administración eficiente y equitativa de estos espacios.

Además, mencionó las complicaciones en la gestión del coto de caza por la actitud obstruccionista del presidente de Ibarguren.

El vecino de Ibarguren, por su parte, expuso el tema de las sanciones reiteradas y la sensación de indefensión ante lo que considera abusos de poder por parte de la junta administrativa. Es tal elevado el número de llamadas a la Ertzaintza por parte del alcalde hacia este vecino que un agente dijo al presunto afectado que «habría que poner una comisaría en el pueblo». También relató cómo la presión y el acoso han forzado a varias familias a abandonar el pueblo, concretamente a cuatro. Además, describió cómo las decisiones de la junta afectan negativamente la vida cotidiana de los residentes, desde el manejo del agua hasta la celebración de fiestas patronales.

Este vecino también destacó la falta de transparencia en la gestión de las cuentas del pueblo y la inaccesibilidad a documentos públicos como actas de sesiones y presupuestos. Comentó sobre las dificultades para obtener información sobre la administración del concejo y cómo esto contribuye a una atmósfera de desconfianza y tensión.

Además, la alcaldesa Auzmendi mencionó la intervención de la Directora de Equilibrio Territorial, Laura Pérez-Borinaga, en un intento de mediar en la situación. La alcaldesa expresó su compromiso de asumir el costo del consumo de alumbrado en caso de que Ibarguren decida reconectar a la red, y destacó la importancia de una revisión y reestructuración de los contratos para una gestión más transparente y eficiente.

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