OPINIÓN
En el conflicto de TUVISA, el Ayuntamiento parece desentenderse de la situación laboral en el transporte urbano, y es necesario solicitar que nombre a una persona capaz de supervisar el cumplimiento de la legislación laboral en esta empresa. Como ciudadano, no dudo en admitir que esta empresa constituye un poder fáctico en la ciudad, por lo que no solo la actual, sino también anteriores corporaciones, han ignorado situaciones problemáticas conocidas en la empresa que ponen en riesgo tanto a trabajadores/as como a usuarios/as. Además, en los últimos años, la empresa ha acumulado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo por distintas cuestiones, aunque la mayoría resultan infructuosas porque dicha entidad actúa con indiferencia. También es frecuente la celebración de juicios en los que TUVISA es demandada por diversos motivos, incluyendo reclamaciones de pagos indebidos, derechos laborales, fraude en la contratación, entre otros.
Es lamentable la falta de acción del ayuntamiento frente a esta situación, ya que debería garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, sus convenios colectivos y la legislación vigente. La ley también establece que empresas de este tamaño deben implementar planes de igualdad, así como políticas de estabilidad, formación, conciliación y protección de la salud de los trabajadores, sin olvidar la libertad sindical.
En cuanto a la renovación de la flota de autobuses, otras ciudades, como Zaragoza, han optado por modelos más seguros y accesibles, en contraste con la situación local donde parece haber preferencias en las licitaciones. La gestión de la flota de autobuses y la atención a las necesidades de los trabajadores dejan mucho que desear, evidenciando una gestión deficiente y una falta de inversión adecuada en mantenimiento y renovación de los vehículos, lo cual afecta la calidad del servicio y plantea riesgos de seguridad.
Además, el agotamiento y el estrés entre los trabajadores son preocupantes, con muchos sin conocer su turno de trabajo hasta el último momento, lo que dificulta la conciliación de la vida laboral y familiar. La presión para cumplir con tiempos de recorrido irrealistas aumenta el riesgo tanto para los empleados como para los usuarios.
Por todo ello, es imprescindible instar al Ayuntamiento a intervenir y exigir a TUVISA la adopción de un marco de relaciones laborales moderno y eficiente. Si no, el despilfarro en gastos legales continuará, financiado por los contribuyentes, para sostener la intransigencia de la dirección de la empresa y del ayuntamiento. En contraste, otras administraciones han demostrado ser más receptivas a las necesidades y sugerencias de sus trabajadores, buscando mejorar el servicio.
La preocupación entre los usuarios es alta, especialmente debido a los problemas de saturación en horas punta, lo que aumenta el riesgo en caso de accidente. La falta de mejoras significativas, a pesar de las promesas electorales, ha incrementado las quejas entre quienes dependen diariamente del transporte público y se sienten impotentes ante la inacción del Ayuntamiento.
Las recientes declaraciones sobre la gestión de infraestructuras críticas solo añaden escepticismo sobre la capacidad de gestión y las intenciones reales detrás de las promesas políticas, evidenciando una desconexión entre las necesidades de la ciudadanía y las acciones de sus representantes.
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INFORMACIÓN DEL AUTORANDRÉS MAYO
Colaborador de GasteizBerri.com desde el año 2020.
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