Continúan sin cumplirse los acuerdos tras la huelga de TUVISA

Han pasado más de dos meses desde el fin de la huelga en TUVISA, y los acuerdos alcanzados entre la empresa y el comité de trabajadores todavía no se han cumplido. La alcaldesa, Maider Etxebarria, había destacado que el diálogo durante las negociaciones había sido fructífero y que se había restablecido la normalidad en el servicio de transporte, comprometiéndose a mejorar la calidad del mismo. Sin embargo, la situación actual refleja una serie de promesas incumplidas que afectan tanto a los trabajadores como a los usuarios del servicio.

A pesar de que se anunció la adquisición de nuevos autobuses y el refuerzo de varias líneas, hasta la fecha, no se han observado cambios significativos. Las líneas de autobuses prometidas como la 6, 7, 4, 3/9 y 5 continúan operando sin los refuerzos necesarios. Además, la llegada de nuevos autobuses se ha pospuesto hasta septiembre u octubre, y mientras tanto, vehículos en mal estado siguen en circulación, como se ha reportado en quejas de ciudadanos.

Respecto a las contrataciones, se esperaban 12 nuevas incorporaciones indefinidas para mejorar la distribución de recursos humanos. Sin embargo, se han transformado contratos existentes en contratos temporales de interinidad, lo cual no responde a lo prometido. También se carece de actualizaciones sobre el registro de jornada laboral, pese a los acuerdos para realizar una auditoría externa de los tiempos de trabajo en TUVISA.

El acceso al transporte para personas con movilidad reducida ha sido objeto de confusión y descontento. Recientemente, se ha prohibido el acceso a scooters eléctricos sin aclarar adecuadamente las especificaciones, lo que ha causado malentendidos y desinformación entre conductores y usuarios.

Esta serie de incumplimientos no solo afecta la operatividad de TUVISA, sino que también ha resultado en pérdidas económicas para los trabajadores y descontento generalizado entre los ciudadanos. Además, se enfrentan problemas legales, como una sentencia reciente que obliga a TUVISA a pagar 60,000 euros a sus trabajadores, dinero que probablemente saldrá de los fondos públicos o a través de recortes en otros servicios.