Amaia Barredo ha sido nombrada consejera de Alimentación, Desarrollo Rural y Pesca en el nuevo Gobierno Vasco. Hasta ahora, desempeñaba el cargo de responsable de Sostenibilidad, Medio Natural y Agricultura en la Diputación Foral de Álava, pero su carrera política ha estado salpicada con varias polémicas.
ERTE en TUVISA
Durante su tiempo como concejala en el Gobierno de Urtaran, fue presidenta de TUVISA, la empresa municipal de transporte de Vitoria, donde su gestión fue objeto de varios conflictos. En 2020, durante la pandemia, TUVISA redujo significativamente sus servicios debido a la caída del número de viajeros, que disminuyó hasta un 90%. Para proteger la estabilidad financiera de la empresa, Barredo promovió la ejecución de un ERTE. Esta medida fue inicialmente aprobada por la Delegación Territorial de Trabajo y Seguridad Social, pero el comité de empresa la impugnó.
El comité argumentó que la solicitud del ERTE no se comunicó correctamente, que no había razones de fuerza mayor suficientes y que una entidad del sector público no debería acogerse a un ERTE. El juzgado falló a favor de TUVISA en los dos primeros puntos, pero consideró ilegal el ERTE porque TUVISA, siendo una entidad pública, no podía acogerse a esta figura jurídica. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco revocó esta decisión, justificando el ERTE aplicado.
Denuncia por el proyecto Valogreene Paper
Otra polémica en la que Barredo ha estado involucrada es la denuncia de Ekologistak Martxan ante la Fiscalía por el proyecto Valogreene Paper de Bergara. La denuncia sugiere un posible delito de prevaricación por parte del Gobierno vasco, incluyendo a Barredo y Javier Agirre Orcajo. Barredo ha negado cualquier delito y confía en que el caso no prosperará.
Conflicto con los agricultores
Más recientemente, Barredo ha sido criticada por agricultores debido al despliegue de plantas fotovoltaicas en Álava. Los agricultores han acusado a Barredo de no brindar suficiente apoyo. Ella ha defendido su gestión, asegurando que se busca utilizar suelo público para estos proyectos, evitando así afectar el suelo agrario. Barredo ha señalado que la ocupación prevista de 600 hectáreas representa menos del 1% del suelo disponible en la región, y que hay más de 26,000 hectáreas de suelo público potencialmente utilizables para energías renovables, aunque no todas pueden destinarse a este fin.
