El Ayuntamiento rompe los contratos con Disport Eki

El Ayuntamiento de Vitoria ha comenzado a romper los contratos vigentes con la empresa Disport Eki, encargada hasta ahora de gestionar los programas de actividades deportivas y socorrismo en centros cívicos municipales. Esta medida se produce tras la solicitud de concurso de acreedores presentada por la compañía.

Disport es una empresa subcontratada por el Ayuntamiento para gestionar diversos servicios deportivos y de socorrismo, que ha enfrentado problemas financieros prolongados, lo cual ha provocado retrasos en el pago de los salarios de sus trabajadores.

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Este contexto ha generado una serie de denuncias por parte de las trabajadoras, quienes también acusan a Disport de prácticas de represalia contra las delegadas sindicales que han liderado reivindicaciones laborales. No obstante, la empresa ha negado haber realizado despidos improcedentes, argumentando que los contratos en cuestión terminaron conforme a los términos establecidos.

Resolución de contratos

Tras la notificación de solicitud de concurso de acreedores de Disport Eki, el equipo técnico y jurídico del Ayuntamiento de Vitoria ya ha comenzado a romper los contratos con la empresa, según la información proporcionada por la concejala. Esta decisión tiene como objetivo principal asegurar que los servicios no se vean interrumpidos y que se mantenga la calidad en los programas deportivos municipales y el socorrismo en los centros cívicos.

El Consistorio ha insistido en que velará para que estos puestos de trabajo se mantengan y que las trabajadoras actuales sean subrogadas en los nuevos contratos.

Respecto a las denuncias por represalias hacia delegadas sindicales, el Ayuntamiento sostiene no tener constancia de vulneraciones recientes de los derechos laborales. En concreto, señalan que, en septiembre, únicamente se habría registrado un retraso puntual en el pago de nóminas a tres trabajadoras, situación que fue resuelta tras una intervención directa del Consistorio. Asimismo, desde Disport han negado la existencia de despidos improcedentes, asegurando que los contratos finalizaron en base a las condiciones previamente acordadas.