EH Bildu ha pedido al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que reorganice el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS) en base al Decreto de Cartera. Además, ha instado a la Diputación Foral de Álava a asumir completamente la gestión o a cubrir el 100% de los costes del servicio en 2025, tal como establece la normativa.
Un reparto de costes cuestionado
En la actualidad, el servicio de urgencias sociales tiene un coste anual de 586.000 euros, pero la Diputación apenas cubre 247.000 euros, menos de la mitad del total. Según el concejal de EH Bildu, Alberto Porras, «este convenio es perjudicial para el Ayuntamiento, ya que la Diputación, pese a ser la responsable legal del servicio, no está asumiendo su coste real».
El Decreto de Cartera fue diseñado para garantizar el acceso universal a los servicios sociales mediante una distribución clara de competencias entre el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos. Sin embargo, en Álava, los acuerdos para la gestión del SMUS, vigentes desde 2017, han sido objeto de varias modificaciones que han retrasado la implementación definitiva del traspaso de responsabilidades.
La fecha límite y los retos económicos
El convenio actual establece que la Diputación debe asumir plenamente el SMUS antes del 31 de diciembre de 2024. Hasta entonces, ambos organismos compartirán el coste del servicio, pero con un límite máximo de aportación para la Diputación de 247.000 euros.
La situación podría agravarse en 2025, cuando se prevé un aumento de más de 100.000 euros en el coste total debido a la externalización de la seguridad del servicio, que actualmente está a cargo de la policía local. Esto reduciría la proporción del gasto cubierto por la Diputación a solo un 35%, en lugar del 50% que estipula el convenio.
Una reclamación con base legal
EH Bildu sostiene que el servicio es competencia exclusiva de la Diputación, según la normativa vigente, y que el actual modelo de financiación representa una carga desproporcionada para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. «El Ayuntamiento no puede seguir subsidiando un servicio que no le corresponde», afirma Porras.
La formación ha instado a ambas instituciones a cumplir con los plazos establecidos y a garantizar que el coste del servicio recaiga en quien corresponde legalmente, evitando que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz continúe asumiendo un gasto que, aseguran, no le compete.
