El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha vivido un tenso debate en la comisión municipal tras las críticas de EH Bildu por la gestión del incumplimiento del contrato del centro de servicios de Jundiz. La formación abertzale ha acusado al Gobierno municipal de retrasar la resolución del caso y de favorecer a la empresa adjudicataria. La concejala de Promoción Económica, María Nanclares, ha rechazado estas acusaciones y ha defendido la actuación del Ayuntamiento.
EH Bildu denuncia 20 años de inacción
La concejala de EH Bildu, Aitziber Salazar, ha expuesto que el caso se arrastra desde 2004, cuando se adjudicaron tres parcelas en Jundiz para la construcción de varias infraestructuras, entre ellas un centro sanitario, un balneario y una escuela de golf. La empresa adjudicataria debía completar las obras en 2007, pero en 2015 un informe oficial constató que parte del proyecto no se había ejecutado.
Salazar ha criticado que el Ayuntamiento tardara ocho años en realizar una tasación del incumplimiento y que ahora, en 2025, aún no haya una resolución definitiva:
«¿Cómo es posible que ahora, en 2025, estemos reclamando un incumplimiento de un contrato de hace 20 años? ¿Cómo puede ser que hayamos detectado el incumplimiento en 2015 y que durante 10 años no se haya hecho nada para defender el interés general?», ha preguntado.
La edil de EH Bildu ha señalado que en diciembre de 2024 el Ayuntamiento aprobó reclamar 3,36 millones de euros a la empresa por el incumplimiento, pero en febrero de 2025 el gobierno local revocó esa decisión y optó por exigir la ejecución de las obras pendientes en lugar de la indemnización.
«Nos dijeron que la empresa debía 3,36 millones de euros y ahora cambian de criterio. ¿El Ayuntamiento puede garantizar que esta empresa pagará lo que debe y no se irá de rositas?», ha insistido Salazar.
El Ayuntamiento defiende su gestión y acusa a EH Bildu de «engañar a la ciudadanía»
En su respuesta, María Nanclares ha sido tajante al negar que el Ayuntamiento haya renunciado a la indemnización. «Es rotundamente falso. No podemos engañar a la ciudadanía, y ustedes lo han hecho», ha respondido.
Nanclares ha explicado que el Ayuntamiento ha exigido a la empresa que cumpla el contrato o, en su defecto, pague la cantidad tasada. Según la concejala, el cambio de criterio se debe a que se trata de un contrato privado y no administrativo, por lo que el procedimiento debía seguirse por la vía civil.
«No hemos retirado ninguna reclamación. Lo que hicimos en la Junta de Gobierno del 7 de febrero fue instar a la empresa a cumplir el contrato o, si no lo hace, a pagar los 3,36 millones de euros», ha aclarado.
Además, ha recriminado a EH Bildu que no haya solicitado información por los cauces adecuados: «Si tenía dudas, podía haber hablado conmigo o con la parte técnica, pero prefirió salir a rueda de prensa y decir que renunciábamos a la indemnización, lo cual es falso».
EH Bildu insiste en la falta de transparencia
Aitziber Salazar ha respondido con dureza a Nanclares, acusando al Gobierno municipal de haber dejado el expediente «en un cajón» durante años y de cambiar de criterio sin explicaciones claras:
«La clave aquí es que el Ayuntamiento sabía desde 2015 que había un incumplimiento y no hizo nada. Nosotros no hemos inventado nada, hemos sacado a la luz un tema que ustedes han ignorado durante una década», ha señalado.
Además, ha advertido que el plazo para reclamar podría estar cerca de prescribir en diciembre de 2025, lo que dejaría sin efecto la exigencia de pago: «El reloj no para y nos estamos acercando a la fecha límite. Si esto prescribe, ¿quién será el responsable?», ha preguntado.
El Gobierno municipal cierra filas
María Nanclares ha defendido que su departamento ha actuado con responsabilidad y ha asegurado que la empresa tendrá que pagar o cumplir lo pactado. «Aquí no hay ciudadanos de primera o de segunda. Este Gobierno está defendiendo los intereses de la ciudad y quien la hace, la paga», ha zanjado.