La Diputación de Álava ha decidido incluir una nueva cláusula obligatoria en todas las subvenciones destinadas a la rehabilitación y mantenimiento de edificios patrimoniales. Esta medida busca garantizar que aquellos espacios que reciben dinero público estén disponibles para usos culturales, estudios de investigadores y visitas abiertas al público.
La iniciativa ha sido aprobada en las Juntas Generales con el respaldo del PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin, mientras que PP y Vox han votado en contra. Aunque el texto no menciona explícitamente a la Diócesis de Vitoria, el debate ha estado marcado por la reciente polémica con el rodaje de la película ‘Sacamantecas’ en la Catedral Santa María.
Un conflicto que marcó el debate
La decisión del Obispado de Vitoria de prohibir inicialmente la filmación de ‘Sacamantecas’ en la Catedral Santa María generó una gran controversia. El argumento de la Iglesia fue que la historia del asesino en serie Juan Díaz de Garayo no era apropiada para un lugar de culto.
Este veto provocó una fuerte reacción de las autoridades. La alcaldesa Maider Etxebarria y el diputado general de Álava, Ramiro González, criticaron la decisión, recordando que la Catedral ha recibido aproximadamente 50 millones de euros en inversiones públicas. Ambos defendieron que, dado este aporte, el espacio debería estar accesible para la comunidad.
Finalmente, tras una reunión entre la Diócesis y los productores de la película, se llegó a un acuerdo: se permitió el rodaje en la Catedral, siempre que se respetaran los horarios de culto y la integridad del templo.
«La Catedral es de todos»
El debate en las Juntas Generales estuvo marcado por el uso de los edificios religiosos financiados con dinero público. Desde Elkarrekin, José Damián García Moreno subrayó la importancia de garantizar el acceso a estos espacios:
«La Catedral es de todos. Es un orgullo de los alaveses, que la hemos pagado durante siglos. Era un gravísimo error que no se permitiera el rodaje de esta película que contribuye a esta industria incipiente en Álava».
En la misma línea, Iñaki Ruiz de Galarreta (PNV) insistió en que el patrimonio siempre debe estar «abierto por obras», pero defendió que cualquier cambio debe hacerse con diálogo y sin confrontación.
Desde EH Bildu, Eva López de Arroyabe comparó la situación con otros países: «En Francia, los templos no están ‘abiertos por obras’, sino ‘abiertos por ley’», en referencia a la obligación de permitir su uso público cuando han recibido fondos estatales.
PP y Vox rechazan la medida
Por su parte, el PP y Vox se han opuesto a la iniciativa. Elisabeth Ochoa de Eribe (PP) criticó la decisión y acusó al resto de partidos de intentar «controlar el uso de los edificios de culto».
«Que quede claro que la Iglesia es la que más contribuye a la conservación del patrimonio y supone un enorme retorno económico. Es un sinsentido atacar a la Iglesia y controlar el uso de sus edificios», afirmó.
Un paso hacia la regulación del patrimonio
Con esta nueva cláusula, la Diputación de Álava busca evitar futuras restricciones en el uso de edificios patrimoniales financiados con dinero público. Aunque no impone obligaciones directas a la Iglesia, la medida garantiza que cualquier entidad que reciba subvenciones deberá permitir el acceso para actividades culturales y estudios especializados.
