El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz enviará al Gobierno Vasco la solicitud para ser declarada zona tensionada en materia de vivienda después de Semana Santa. Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa Maider Etxebarria en rueda de prensa, asegurando que el consistorio trabaja en un plan de acción para contener los precios del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda.
El proceso, sin embargo, acumula un notable retraso. El Pleno municipal aprobó en enero de 2024 iniciar los trámites, pero la solicitud aún no ha sido remitida. En diciembre, el Ayuntamiento adjudicó un diagnóstico y un plan de medidas con un plazo de 15 semanas, lo que ha ralentizado todo el procedimiento.
El diagnóstico: medidas urgentes en vivienda
Etxebarria ha presentado esta mañana los datos que manejan el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco y que justifican la necesidad de la declaración de zona tensionada:
- Más de 10.500 jóvenes de entre 18 y 44 años necesitarán vivienda en los próximos cuatro años, pero solo 2.047 tienen ingresos suficientes para acceder a una.
- El 50% de los jóvenes en esta situación no tiene un empleo estable, lo que les impide acceder a una vivienda en el mercado libre.
- El 8,5% de los hogares de Vitoria-Gasteiz necesita cambiar de vivienda, y la mitad de estas familias vive de alquiler.
- El esfuerzo medio para pagar el alquiler y los suministros alcanza el 30,1% de la renta disponible, superando el umbral del 30% exigido para declarar una zona tensionada.
La alcaldesa ha defendido que estos datos justifican la petición. “La solicitud la recibirán después de Semana Santa, si no antes”, ha asegurado.
Menos vivienda protegida en algunos suelos urbanizables
Etxebarria también se ha referido a la Ley de Medidas Urgentes en Vivienda, anunciada recientemente por el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso.
Esta nueva normativa pretende:
- Agilizar la construcción de vivienda protegida, reduciendo los trámites administrativos.
- Regular los pisos turísticos para evitar su impacto en el mercado del alquiler.
- Controlar los precios en las zonas tensionadas, asegurando que se respeten los límites establecidos.
Pero la medida más polémica es la posibilidad de reducir el porcentaje de vivienda protegida (VPO) en suelos urbanizables.
Actualmente, la ley establece que el 75% de las nuevas viviendas en estos suelos deben ser protegidas. Sin embargo, con la nueva norma, los ayuntamientos podrán reducir este porcentaje hasta un mínimo del 60%, siempre mediante un acuerdo plenario.
La alcaldesa ha defendido que esta opción podría desbloquear proyectos paralizados. “Hay veces que el 75% acaba convirtiéndose en un 0% porque los promotores no construyen”, ha explicado. Es decir, si las cargas urbanísticas son demasiado altas, los constructores pueden optar por no desarrollar nuevas viviendas, lo que deja sin efecto el objetivo de aumentar el parque residencial.
Etxebarria ha insistido en que el Ayuntamiento tiene el parque de vivienda protegida más importante de los grandes municipios vascos y que más de 5.000 familias reciben ayudas al alquiler. Sin embargo, la lentitud en la tramitación de la zona tensionada ha generado críticas por parte de la oposición, que acusa al gobierno municipal de falta de urgencia en un problema que afecta a miles de personas.
