La propuesta del Gobierno Vasco de permitir a los ayuntamientos reducir el porcentaje de vivienda protegida (VPO) en suelos urbanizables ha provocado un fuerte rechazo en la oposición municipal de Vitoria-Gasteiz. El gobierno municipal defiende que reducir el porcentaje de vivienda protegida puede ser una medida necesaria para evitar la paralización de proyectos urbanísticos. «Hay veces que el 75% acaba convirtiéndose en un 0% porque los promotores no construyen», ha argumentado la alcaldesa Etxebarria mientras que EH Bildu y Elkarrekin Vitoria critican que beneficiará a los promotores en detrimento de quienes buscan acceso a una vivienda asequible.
EH Bildu: «Se prioriza el beneficio privado sobre la ciudadanía»
Desde EH Bildu, Xabier Ruiz de Larramendi ha denunciado que esta flexibilización supondrá un golpe a las personas con más dificultades para acceder a una vivienda. «Necesitamos asegurar el acceso a la vivienda, especialmente el de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y que dependen de la vivienda protegida. Rebajar los porcentajes mínimos exigidos por ley dificulta aún más aumentar el parque público de vivienda», ha afirmado.
El concejal de la formación abertzale ha advertido que esta decisión responde a la presión del sector inmobiliario y que «dejar campar a sus anchas a los intereses privados es priorizar el beneficio económico dejando en segundo plano el bienestar de la ciudadanía».
Elkarrekin Vitoria: «Se pliegan a los intereses de los promotores»
Garbiñe Ruiz, de Elkarrekin Vitoria, ha mostrado su preocupación ante el impacto que tendrá la rebaja del porcentaje de VPO en la ciudad, donde la demanda de vivienda protegida ha crecido notablemente en los últimos años. «En Álava hay más de 16.000 personas demandantes de vivienda pública, la mayoría en Vitoria. Mientras el PGOU contempla la posibilidad de construir más de 21.000 viviendas, con un 75% de protección, ahora el consejero de Vivienda rebaja ese porcentaje. Dudamos de que esta decisión alivie el problema del acceso a la vivienda, pero sí asegura beneficios a las constructoras», ha señalado.
Desde su grupo, han insistido en que el Gobierno «se está plegando a los intereses de los promotores» en lugar de centrarse en soluciones efectivas para la crisis habitacional. «La ley de medidas urgentes en vivienda debería enfocarse en la rehabilitación y en dinamizar las viviendas vacías para sacarlas al mercado del alquiler a través del canon», ha añadido Ruiz.
PP: «Estamos abiertos al diálogo»
Por su parte, el Partido Popular se ha mostrado más prudente. Aunque no ha definido aún su postura, ha señalado que analizará la propuesta del Gobierno antes de tomar una decisión. «Vamos a ver cuál es el planteamiento que nos hace el gobierno y, a partir de ahí, estamos abiertos a dialogar», han indicado desde el grupo popular.