EH Bildu pregunta si el Ayuntamiento pudo evitar la tragedia de Mítika: “La ley permite inhabilitar a porteros violentos”

La muerte de Kerman, un joven vitoriano de 31 años fallecido tras recibir presuntamente un golpe por parte de un portero de la discoteca Mítika, ha centrado este lunes la atención de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El debate ha girado en torno a una pregunta clave: ¿se podría haber hecho algo para evitarlo?

En su intervención el concejal de EH Bildu, Alberto Porras ha recordado que el Decreto 17/2019 que regula los espectáculos públicos en Euskadi permite retirar la habilitación a los porteros que incurran en “comportamientos manifiestamente violentos”. Según ha subrayado, en el caso del presunto agresor existían denuncias previas por agresiones, y ha reprochado al gobierno municipal no haber actuado: “Contamos con un decreto garantista, pero no sirve de nada si quien debe aplicarlo no lo hace”.

Porras ha asegurado que la familia de la víctima está “destrozada” y “exige explicaciones”. “No hablamos solo en nombre de EH Bildu, sino también de quienes han perdido a un ser querido. ¿Puede decir usted lo mismo?”, ha interpelado directamente al concejal delegado de Seguridad, César Fernández de Landa.

Una polémica sobre competencias

El concejal Fernández de Landa ha defendido que el Ayuntamiento no tiene competencia para inhabilitar a ningún portero, por violento que sea su historial. “Lanzar la idea de que el Ayuntamiento o la Policía Local pueden quitarle el trabajo a alguien es absolutamente falso”, ha respondido con vehemencia. Según ha explicado, la Policía puede denunciar, pero es un juez quien debe tomar medidas. “Ni siquiera el instructor del expediente puede adoptar medidas cautelares. Solo un juez”, ha insistido.

Sin embargo, EH Bildu ha rebatido esa interpretación. Según el grupo abertzale, la ley establece que el Ayuntamiento puede trasladar al Gobierno Vasco —autoridad competente para revocar licencias— los casos en los que se detecte que un portero actúa de forma agresiva. “¿Cuántas veces ha trasladado este Ayuntamiento al Gobierno Vasco que un portero estaba incurriendo en causas de inhabilitación? ¿Cuántas? ¿Y por qué no se hizo en este caso?”, ha insistido Porras, visiblemente indignado.

Denuncias sin seguimiento

El trasfondo del caso es aún más inquietante. Según se ha sabido, el presunto agresor estaba implicado en al menos tres atestados que fueron trasladados al juzgado, todos por conductas violentas. El propio auto del juez que instruye la causa por la muerte de Kerman señala un “modus operandi” reiterado: golpes tras discusiones, con el puño cerrado o la mano abierta. Conductas “claramente incompatibles con el ejercicio de la labor de control y admisión en un local de ocio nocturno”, ha recordado Porras.

La discusión también ha rondado en torno a las inspecciones que recientemente se han dado a conocer: de 23 locales revisados, 16 han sido denunciados, y en 11 de ellos la razón ha sido la falta de habilitación de su personal de acceso.

Críticas de toda la oposición

Elkarrekin y el Partido Popular también han mostrado su preocupación. Desde Elkarrekin se ha pedido un cambio de enfoque: “¿Tiene que pasar algo tan grave para que se actúe con contundencia?”, se ha preguntado la concejala. El PP, por su parte, ha criticado el silencio de la alcaldesa: “Vuelve a estar desaparecida. Este caso merecía una respuesta al más alto nivel”, ha lamentado el portavoz Iñaki García Calvo.

El fondo del debate: prevención o reacción

El gobierno local se ha escudado en la legalidad vigente, pero desde la oposición se insiste en que lo sucedido en Mítika no fue imprevisible. EH Bildu sostiene que la información sobre el historial del presunto agresor ya estaba en poder de la Policía Local y que se podría haber actuado mucho antes. “No queremos que la Policía sea juez, pero sí que se cumplan todas las responsabilidades que la ley permite. ¿Lo han hecho?”, ha reiterado Porras.

El caso sigue su curso judicial, con el presunto autor en prisión provisional acusado de “asesinato con alevosía o, al menos, homicidio doloso”. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: si las alertas estaban encendidas, ¿por qué nadie pulsó el freno?