La gestión del vertedero municipal de Gardelegi ha vuelto al centro del debate político en Vitoria-Gasteiz. Las últimas inspecciones realizadas por el Gobierno Vasco han sacado a la luz graves deficiencias en el cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), lo que ha desatado las críticas de los grupos municipales de la oposición y ha reavivado la preocupación por el impacto ambiental de estas instalaciones.
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Tanto Elkarrekin como EH Bildu han advertido de la gravedad de la situación durante una comisión municipal celebrada esta semana. Ambos grupos han exigido al equipo de gobierno que actúe con urgencia para corregir los 23 incumplimientos detectados y evite que la ciudad siga afrontando nuevas sanciones económicas.
Desde Elkarrekin, el concejal Óscar Fernández ha señalado que la situación actual es “la punta del iceberg” y ha recordado que el Ayuntamiento ya ha abonado una sanción coercitiva de 96.003 euros en 2023, impuesta por el Gobierno Vasco tras detectarse deficiencias en la impermeabilización de una celda de residuos. La sanción, derivada del expediente ES-IPPC-2022-015, se aplicó tras una inspección realizada en 2022 y fue rebajada tras un pronto pago.
Fernández también ha denunciado que la inspección de octubre de 2024 reveló 23 desviaciones ambientales, algunas de ellas de carácter severo, como el tratamiento insuficiente de lixiviados contaminados con HCH, la exposición directa a la lluvia de más de 100.000 m² de residuos, o la falta de adecuación técnica en el sistema de quema de gases.
EH Bildu ha coincidido en el diagnóstico. Según su portavoz, Ekaitz Díaz de Garayo, el vertedero presenta desde hace años un nivel de cumplimiento bajo, el peor en la escala de la AAI. “Mientras no se revierta esta situación, seguiremos pagando sanciones y contaminando el aire, el agua y el paisaje”, ha alertado.
Desde el gobierno municipal, el concejal de Limpieza, Borja Pascual, ha defendido que el Ayuntamiento está actuando desde hace años para resolver las deficiencias y ha negado que exista riesgo grave. “Los informes no determinan un daño ambiental severo”, ha afirmado. Pascual ha explicado que muchas desviaciones tienen un carácter técnico o administrativo y ha señalado que desde 2019 se han invertido más de 6 millones de euros en mejoras como el sellado de celdas, la ampliación de la depuradora de lixiviados y la contratación de una dirección técnica independiente.
El responsable municipal ha subrayado que el tratamiento de lixiviados contaminados ya se realiza al 100 % y que se ha presentado un nuevo plan de explotación junto con una solicitud para modificar la autorización ambiental actual, con el objetivo de adaptarla mejor a la situación real del vertedero.
Otro Zaldibia a la vista y cuando venga la desgracia. Los personajes políticos inactivos durante todos estas décadas se irán e rositas.
Un político lo primero que tiene que hacer es adquirir compromiso y ante inacción, malversación o lo que fuera nunca poder ocupar cargo público, ir por lo penal y no poder acceder a cualquier empresa relacionada con el ayuntamiento.
No puedes cobrar más de 72.000€ y ser un dejado, si quieres hacer de la política tu oficio al menos dedícate al 100% como dice tu portal de transparencia.