Opinión
La información publicada recientemente sobre la nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) de Tuvisa, el servicio de transporte público de Vitoria-Gasteiz, ha generado una fuerte reacción entre quienes conocen de cerca la realidad laboral de la empresa. La noticia afirma que el Ayuntamiento ha recibido 664 solicitudes para los nueve perfiles profesionales convocados, destacando que la mayoría (400) corresponden a plazas de conductor. También sugiere que estas plazas permitirán a los aspirantes formar parte del cuerpo de funcionarios de la administración pública, una afirmación que merece ser matizada.
Contrariamente a lo que insinúa el enfoque informativo, las plazas ofertadas no suponen una incorporación al funcionariado, sino contratos laborales fijos, una figura diferente tanto en derechos como en estabilidad real. Este tipo de imprecisiones no solo desinforman, sino que contribuyen a generar expectativas erróneas entre la ciudadanía.
Los comentarios vertidos por lectores en el propio artículo reflejan esta confusión. Algunos destacan supuestos privilegios laborales como la ausencia de EREs o la comodidad del trabajo, sin conocer que la empresa ya ha aplicado un expediente de regulación y que las condiciones laborales están lejos de ser ideales. La realidad de los conductores y conductoras de Tuvisa incluye jornadas complejas, turnos irregulares y frecuentes reclamaciones salariales que acaban en los tribunales.
Otro punto discutible es la afirmación de que la OPE servirá para «potenciar la plantilla». En realidad, esta convocatoria busca regularizar la situación de trabajadores que llevan años en la empresa con contratos temporales en fraude de ley, tal y como han reconocido varias sentencias judiciales. Para muchos de estos trabajadores, el proceso puede suponer incluso la pérdida de su empleo si no superan la oposición.
Además, se señala que la bolsa de empleo está prácticamente agotada. Sin embargo, el verdadero problema radica en la precariedad de los contratos que se ofrecen: jornadas parciales, sustituciones breves o contratos de días. Ante estas condiciones, muchos aspirantes deciden no aceptar o activar su disponibilidad solo para contratos de mayor duración.
La experiencia reciente lo confirma. En diciembre, Tuvisa recurrió a InfoJobs para cubrir vacantes urgentes. Varios de los contratados trabajaron apenas una semana antes de ser despedidos. En estas circunstancias, es difícil construir una plantilla estable y comprometida.
Cabe recordar que la OPE de Tuvisa de 2022 fue anulada por el Juzgado de lo Social número 3 de Vitoria por incumplir directivas europeas. No es un dato menor, y deja en el aire la validez de esta nueva convocatoria.
El caso de Tuvisa no es aislado. Refleja un modelo de empleo público externalizado, donde la estabilidad laboral se promete en el titular, pero se diluye en la práctica. Es necesario informar con mayor precisión para que la ciudadanía pueda formarse una opinión basada en hechos y no en titulares atractivos pero inexactos.
INFORMACIÓN DEL AUTORANDRÉS MAYO
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