El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria ha hecho públicos los datos de su actividad durante el curso 2024/2025. Un total de 1.265 personas han acudido a sus diferentes secciones locales por problemas relacionados con la vivienda.
Según los datos desglosados por el propio sindicato, el 48,83 % de las personas atendidas estaban inmersas en procesos de desahucio. Otro 23,10 % acudió por conflictos con sus caseros o subarrendadores. Un 7,89 % solicitó apoyo por cambios en sus contratos, un 4,09 % por dificultades de acceso a una vivienda y el mismo porcentaje por falta total de vivienda o situación de calle. También se recibieron casos relacionados con problemas con ayudas y subsidios (2,92 %), cuestiones con el padrón (0,88 %) y otros motivos diversos (8,19 %).
Perfiles de personas afectadas
Entre las personas que han buscado apoyo, el sindicato destaca la presencia de 159 familias monoparentales y 83 mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Estos datos subrayan la vulnerabilidad de muchos de los casos atendidos.
Tipos de régimen de vivienda
El 58,61 % de las personas atendidas vivía en alquiler. Un 14,57 % lo hacía en habitaciones o subarriendos, y un 1,66 % en lonjas o locales. El 5,30 % residía en alquiler social y un 7,62 % en situación de ocupación. Un 5,63 % vivía en albergues, hoteles u otras instalaciones caritativas, mientras que el 2,98 % se encontraba en situación de calle. Otros casos incluían hipotecas o propiedades (0,99 %), cesiones (0,99 %) y otras formas de tenencia (1,66 %).
Propiedad de las viviendas
En cuanto a los propietarios, el 55,59 % eran particulares. Otro 15,53 % eran instituciones públicas y el 6,52 % bancos o fondos buitre. Un 5,28 % correspondía a particulares considerados grandes propietarios, un 3,42 % a empresas, un 1,86 % a ONG y un 0,93 % a la Iglesia. También se identificaron otros tipos de propietarios en un 9,63 % de los casos. Solo el 1,24 % de las personas atendidas eran propietarias afectadas.
Trabajo realizado por el sindicato
El 55,72 % de los casos se resolvió mediante asesoría jurídica y política. Un 20,82 % necesitó intervención y apoyo directo —por ejemplo, acompañamientos en juzgados o gestiones con Servicios Sociales—. Otro 13,20 % mantuvo solo contacto inicial y un 10,26 % requirió procesos de lucha pública, como concentraciones, actividades de denuncia o presencia durante intentos de desahucio.
Amenazas, cortes y violencia inmobiliaria
Durante el curso, se contabilizaron 170 casos de amenazas e intimidaciones por parte de caseros. También se registraron 47 cortes de suministros, repartidos del siguiente modo: 18 en casos de ocupación, 15 en subarriendo, 7 en alquiler social y 7 en alquiler ordinario.
El sindicato también ha denunciado 6 intervenciones de empresas de desocupación privadas, a las que define como “fascistas” y que, según afirman, “actúan con total impunidad”.
Advertencia sobre los derechos sociales
El Sindicato Socialista de Vivienda alerta de una tendencia regresiva en derechos sociales y políticos. “Se están rechazando cada vez más solicitudes que antes se aceptaban”, indican. Esta situación incluye la reducción de las moratorias concedidas, incluso en casos con perfiles claramente vulnerables. Según señalan, también se están ejecutando desalojos sin previo aviso ni garantías judiciales, como ha ocurrido en Iruña.
Frente a esta realidad, desde el sindicato animan a cualquier persona con problemas de vivienda a acercarse a sus sedes para recibir apoyo.
