La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha solicitado al Gobierno central reducir la capacidad del futuro centro de refugiados de Arana. En lugar de las 350 plazas previstas, la regidora ha propuesto limitar el centro a 200 personas. El objetivo, según ha explicado, es “ajustar el centro a la capacidad operativa de los recursos y servicios sociales de la ciudad, por si las personas refugiadas tuvieran que recurrir a ellos”.
La propuesta fue trasladada directamente a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una reunión celebrada el pasado lunes en Madrid. La alcaldesa ha indicado que la ministra fue “receptiva” a su planteamiento. “Me sentí escuchada y atendida y ahora estamos a la espera de los resultados que pueda deparar esta reunión”, ha declarado tras la Junta de Gobierno Local.
Propuestas para favorecer la integración
Además de la reducción de plazas, Etxebarria planteó que parte de las instalaciones del centro puedan estar abiertas al barrio. Ya está previsto el uso compartido de las zonas deportivas, pero la alcaldesa ha pedido que se permita también el acceso a otros espacios. “Esto ayudaría a impulsar la integración de las personas refugiadas y, al mismo tiempo, facilitaría la participación de las entidades y de los vecinos y vecinas de la zona”, ha explicado.
También solicitó una mayor coordinación con el Gobierno Vasco, que tiene competencias clave en ámbitos como los itinerarios de acogida, los permisos de trabajo, la educación o la salud.
Un centro con funciones sociales, no punitivas
Durante su intervención, Etxebarria ha defendido el carácter del centro como un recurso de ayuda, y ha querido desmontar algunos discursos alarmistas: “Un centro de protección internacional no es un centro de delincuentes, como quiere hacer creer la extrema derecha y quienes compran su discurso, sino un recurso de acogida y ayuda para personas y familias vulnerables que necesitan reconstruir sus vidas con dignidad”.
La alcaldesa ha recordado que este espacio nace con la vocación de “trasladar esperanza” a quienes han tenido que huir de sus países, “víctimas de una guerra o de persecución por sus ideas políticas, condición sexual…”.
Detalles del proyecto
El centro se está proyectando en el edificio de la antigua residencia Arana, en la calle Joaquín Collar, propiedad del Gobierno de España. La infraestructura contará con una superficie total de 16.500 metros cuadrados y dos edificios conectados que suman 13.000 metros cuadrados construidos, más zonas exteriores y espacios deportivos.
Entre los espacios previstos hay aulas formativas, zonas de convivencia, zonas de juego y accesibilidad para personas con movilidad reducida. El coste estimado es de 16 millones de euros, financiado en parte con fondos europeos Next Generation. Las obras están previstas para diciembre de 2024 y tendrían una duración de 14 meses, lo que situaría su apertura en 2026.
Polémica por el modelo
La propuesta del centro ha generado oposición en el ámbito político. El PNV y el Gobierno Vasco han criticado el modelo por su tamaño, al que califican de “macrocentro”, y por lo que consideran una imposición del Estado. Argumentan que este proyecto choca con el modelo vasco, basado en una acogida más descentralizada y personalizada.
Vecinos y colectivos del barrio también han expresado su preocupación por el uso del edificio y su posible impacto en la zona.
